DERECHO A LA INDEMNIDAD EN DESPIDOS OBJETIVOS SEGÚN EL CONSTITUCIONAL

Sabia Vd....
Una importante sentencia sobre la garantía de indemnidad
El pasado 10 de Septiembre el Pleno del Tribunal Constitucional ha dictado una importante sentencia en materia de garantía de indemnidad que viene a clarificar la doctrina constitucional sobre el particular, delimitando cuidadosamente su alcance. Se trata de una sentencia que resuelve un recurso de amparo pero que ha sido resuelta en Pleno, lo que da a su doctrina particular autoridad. Esto significa que del recurso en cuestión conoció en primera instancia la Sala II del Tribunal, pero que no habiendo llegado a un acuerdo o considerando el asunto de especial relevancia, decidió avocarlo al Pleno, que es quien ahora lo decide.
Los hechos del caso pueden, sintéticamente, resumirse así. La trabajadora recurrente, que trabajaba para una Asociación desde el año 2008, recibió el 6 de Octubre del 2011 una comunicación de su empresa en la que ésta le comunicó que, con efectos desde el día de la fecha, se procedía a la reducción de su jornada diarias de trabajo, que pasaba de siete horas a dos. El día 10 de Octubre la trabajadora presentó demanda por modificación sustancial de condiciones de trabajo, por entender que se había producido una modificación sin seguir el cauce legalmente previsto al efecto. Señalados los actos de conciliación y juicio, las partes alcanzaron un acuerdo en la conciliación previa, revocándose la inicial decisión empresarial. Ocho días después de dicho acuerdo, la empresa notificó a la trabajadora la extinción del contrato de trabajo al amparo del art. 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, por motivos económicos. En la comunicación se deja constancia de la grave situación económica de la Asociación tras la drástica reducción de sus fuentes de financiación y las pérdidas acumuladas, así como la necesidad de recortar gastos de personal para asegurar el mantenimiento de los servicios asistenciales que constituyen su razón de ser. En este sentido, se indica que la Asociación, ante la situación reseñada, acordó en el 2011 reducir los costes salariales, habiéndose resistido la recurrente a aceptar la reducción de jornada que otros trabajadores de la empresa sí aceptaron. Destaca que su actitud en la conciliación es fruto de haber constatado que había adoptado la decisión sin seguir los cauces legalmente previstos para ello y señala que aunque la trabajadora recibió, días después de la conciliación, una nueva oferta de reducción de jornada más beneficiosa para ella, igualmente la rechazó, razón por la cual decidió resolver su contrato por causas económicas.
La recurrente de amparo presentó entonces demanda de despido ante el Juzgado no2 de Ciudad Real, por lesión de su garantía de indemnidad. Demanda que fue estimada, entendiendo el Juzgado que la “correlación cronológica de tiempo, entre la conciliación y el despido ... son lo suficientemente graves como para apreciar la nulidad de la relación extintiva acontecida”. Aunque la sentencia admite que la empresa, asociación sin ánimo de lucro, está efectivamente atravesando una difícil situación económica, entiende que no es de recibo reponer “a la trabajadora en la situación anterior a la que se venía manteniendo y a los pocos días despedirla”, pues ese hecho revelaría la vulneración de la garantía de indemnidad que integra el art. 24.1 CE.
La empresa recurrió en suplicación la sentencia de instancia y la Sala de lo Social del Tribunal de Justicia de Castilla la Mancha dictó sentencia (núm. 1225/2012), estimando el recurso y declarando la procedencia del despido ex art. 52.c) del Estatuto de los Trabajadores. Para el Tribunal Superior, “aún asumiendo hipotéticamente que la demandante hubiera aportado indicios suficientes para que fuera aplicable la anterior doctrina sobre la inversión de la carga de la prueba, no ofrece duda de que la empresa ha acreditado que la extinción causal por causas económicas del art. 52.c) LET responde a razones reales seriamente acreditadas, como se reconoce en la propia sentencia de instancia (segundo fundamento del fundamento jurídico tercero), lo que descarta la existencia de toda presunta intención de represalia por parte del empleador”.
Esta decisión judicial es la que es recurrida en amparo, por considerarla lesiva de la garantía de indemnidad, que deriva, según doctrina constitucional asentada, del art. 24 de la Constitución, es decir, del derecho a la tutela judicial efectiva. A juicio de la demandante, el acto extintivo comunicado sólo ocho días después de que se conciliara en el curso de una acción judicial ejercitada por la trabajadora por modificación sustancial de condiciones de trabajo, constituiría un acto de represalia empresarial lesivo de la garantía de indemnidad, sin que la concurrencia de la causa económica alegada por la empresa y acreditada judicialmente resulte relevante a efectos de enjuiciamiento.
En su enjuiciamiento del caso, como suele ser habitual, el Tribunal principia por exponer su doctrina sobre la garantía de indemnidad, que puede sintetizarse en los siguientes términos:
1o) El derecho consagrado en el art. 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo que significa que del ejercicio de una acción judicial – individual o colectiva (STC 16/2006, de 19 de enero)- o de los actos preparatorios o previos al mismo –incluso de reclamaciones extrajudiciales dirigidas a evitar el proceso (STC 55/2004, de 19 de abril)- no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza (por todas, STC 14/1993, de 18 de enero). En el campo de las relaciones laborales la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas intencionales de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos, de suerte que una actuación empresarial que cause un perjuicio y esté motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido (en el sentido amplio anteriormente indicado) debe ser calificada como radicalmente nula, por contraria a ese derecho fundamental, ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar las acciones derivadas de su contrato de trabajo (art. 24.1 CE y art. 4.2 g) de la LET).
2o) En las concreciones de lesión descritas no siempre puede apreciarse abiertamente la vinculación entre la medida empresarial cuestionada y la garantía de indemnidad que integra el art. 24.1 CE, articulándose comúnmente la dinámica procesal con base en el esquema de la prueba indiciaria. Prueba que se articula en un doble plano. El primero consiste en el deber de aportación de un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona el derecho fundamental, principio de prueba dirigido a poner de manifiesto lo que se denuncia y que incumbe al trabajador denunciante. El indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, ni tampoco en la invocación retórica del factor protegido, sino que debe permitir deducir la posibilidad de la lesión con base en un hecho o conjunto de hechos aportados y probados en el proceso. Sólo una vez cumplido este primer e inexcusable deber, recaerá sobre la parte demandada la carga de probar que su actuación tuvo causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración. En otro caso, los indicios aportados permitirán deducir que se ha producido la lesión del derecho concernido.
La aplicación de la doctrina expuesta al caso concreto lleva al Tribunal a examinar, en primer lugar, si se ha producido por parte de la trabajadora la aportación de indicios necesaria para que pueda operar, en su caso, la garantía de indemnidad, y, en segundo lugar, si la empresa ha despojado a esos indicios de verosimilitud aportando una justificación causal que desvinculase efectivamente su acto extintivo de la previa acción judicial.
Sobre el primer punto, la sentencia entiende que en el caso enjuiciado se aprecian sendos indicios aportados por el trabajador. De un lado, la conexión temporal entre la reducción de jornada, la acción judicial de modificación sustancial de condiciones de trabajo y la resolución sucesiva de la relación laboral, medidas todas ellas basadas en idéntica causa económica. Y en segundo lugar, la referencia contenida en la carta de despido al ejercicio por la trabajadora de la acción judicial.
Constatada la existencia de estos indicios, el Tribunal pasa a analizar si la empresa ha probado la desvinculación de su decisión de los indicios en cuestión. A tal efecto, empieza por recordar lo reseñado por la empresa en su carta de despido y que hemos reseñado más arriba, a saber tanto su grave situación económica como el iter de su decisión, en el que hizo sucesivas propuestas de reducción de jornada que la trabajadora rechazó.
Partiendo de esto, “ha de tenerse en cuenta – dice el Tribunal- que, en orden a cumplir con su carga probatoria dirigida a demostrar que la decisión de extinción contractual resultaba ajena a todo propósito lesivo del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, Aspacecire aduce la existencia de la causa legal extintiva del art. 52 c) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En concreto, a tal efecto alega la situación económica negativa descrita en la causa de despido, que efectivamente se consideró acreditada en sede judicial, tanto en instancia como después en suplicación, dando lugar a que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha declarara el carácter procedente de la extinción del contrato por apreciar la concurrencia de la causa económica legalmente exigida para justificar la decisión extintiva”.
Si la concurrencia de la causa económica por sí solo permite conjurar los indicios de represalia, el Tribunal ve otras razones que abonan en la misma dirección en el iter de adopción de la decisión empresarial. “A ello se une en este caso –añade- el hecho ya expuesto de que, con posterioridad a la interposición de la demanda por modificación sustancial de condiciones de trabajo y tras haberse celebrado la conciliación, la empresa procedió, con carácter previo a la extinción, a ofrecer a la trabajadora una nueva propuesta de reducción de jornada de menor impacto que la primera. Esta circunstancia resulta indicativa de que la voluntad empresarial no fue la de represaliar o sancionar a la trabajadora por el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, pues, tras la acción judicial, la reacción inmediata de la Asociación fue la de proponer la adopción de una medida de flexibilidad interna de menor alcance incluso que la anterior, a la que la trabajadora mostró su negativa, siendo sólo después cuando, ante la existencia de la causa económica indicada, la empresa acudió a la extinción contractual entre las posibles medidas de gestión empresarial contempladas en el ordenamiento”.
El Tribunal Constitucional concluye afirmando “que el limitado panorama indiciario aportado por la trabajadora ha quedado desvirtuado”. “En este caso, la Asociación ha logrado acreditar que conforme exige nuestra jurisprudencia la extinción contractual comunicada resulta ajena a todo móvil de represalia por el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, respondiendo la causa alegada – la causa económica- a la causa real, que cuenta con entidad suficiente para, por sí misma, explicar objetiva, razonable y proporcionadamente la decisión empresarial cuestionada. No cabe apreciar, por ello, vulneración de la garantía de indemnidad ex art. 24.1 CE y en consecuencia, procede desestimar el presente recurso de amparo”.
La lectura del voto particular discrepante que acompaña a la sentencia permite mejor calibrar la importancia de la misma. Si la minoría pretendió que la concurrencia de la causa económica fuese considerada irrelevante a efectos de destruir el panorama indiciario, jugando sólo en un momento posterior, el Tribunal consideró que la concurrencia de la causa económica justificadora de la medida empresarial desde el momento mismo en que ésta empieza a definirse es una poderosa prueba de que la medida adoptada no tenía intención represaliadora alguna y, por tanto, resultaba impecable desde la perspectiva de la tutela judicial efectiva.


Sabia Vd....
Recuerde que la Declaración informativa anual sobre bienes y derechos situados en el extranjero (Modelo 720)  ha de presentarse frente a la Agencia Tributaria entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2016

Estimado/a cliente/a:
Le recordamos que las personas y entidades residentes en España en 2015 que tengan o hayan tenido algún tipo de vinculación con bienes y derechos situados fuera de España tienen nuevamente una cita muy importante con la Hacienda española. Desde el 1 enero hasta el 31 marzo 2016 debe presentarse el modelo 720 correspondiente al ejercicio 2015 (“Declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero”), debiendo tener presente que en caso de incumplimiento las sanciones y consecuencias pueden ser muy graves.

Este modelo deberá presentarse por vía telemática (Internet), sin que sea posible la presentación en papel. Para aquellos que presentaron el Modelo 720 anteriormente, sólo será obligatoria la presentación cuando cualquiera de los saldos conjuntos de los tres diferentes bloques de bienes que son de obligada información (cuentas bancarias, acciones o inmuebles) hubiese experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto de los que determinaron la presentación de la declaración del año pasado. En todo caso, será obligatoria la presentación de la declaración para aquellos bienes ya declarados y respecto a los cuales el contribuyente pierda la condición que determinó en su día la obligación de declarar.

Los contribuyentes deberá informar sobre los bienes y derechos que tienen en el extranjero, tanto cuentas en entidades financieras, como bienes inmuebles, valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionados u obtenidos fuera de España. Se excluye de esta obligación de declarar cuando el valor de los mismos no supere los 50.000 euros por cada tipo de bien o derecho.

Atención. Si presentó el año pasado el modelo 720 del ejercicio 2014 porque disponía de depósitos bancarios, valores (acciones, fondos de inversión, seguros, etc.) o inmuebles en el extranjero valorados en más de 50.000 euros, entre enero y marzo de cada año, deberá volver a presentar dicho modelo en cualquiera de estos dos supuestos:

  • Si el valor de sus bienes aumenta en más de 20.000 euros.

  • O bien si ha dejado de ser titular o autorizado de alguno de los bienes previamente declarado.

 ¿Qué sujetos están obligados?
Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades en atribución de rentas (comunidades de bienes, sociedades civiles, herencias yacentes…) vendrán obligados a presentar esta declaración informativa anual., siempre que sean titulares o autorizados en cuentas en el extranjero cuyo saldo conjunto sea superior a 50.000 euros. Asimismo, tienen obligación de declarar la información los titulares de valores, acciones, fondos, seguros de vida, bienes inmuebles o cualesquiera otros activos situados o depositados en el extranjero, por un importe superior conjunto a 50.000 euros. Además de los titulares jurídicos, y salvo que aplique alguna exoneración que deba analizarse detenidamente, están obligados los conocidos como titulares reales, esto es, aquellos que posean o controlen más del 25% de los mencionados activos a través de entidades con o sin personalidad jurídica.

Puede haber muchísimas personas obligadas, en particular extranjeros residentes, porque basta tener una pequeña parte (aunque sea un 1%) de una o varias cuentas en extranjero con saldo superior a 50.000€ (o incluso no tener nada y ser un simple autorizado), o tener una pequeña parte de un inmueble con valor superior a dicha cantidad.

Atención.  La obligación no podrá obviarse por el hecho de haber cerrado las cuentas bancarias o haber vendido las acciones a lo largo del ejercicio 2015, pues están obligados a declarar quienes hayan sido titulares o autorizados en cualquier momento del año.

Importantes consecuencias en caso de incumplimiento

La sanción por no presentar declaración o hacerlo con errores u omisiones es de 5.000 euros por dato o grupo de datos, con un mínimo de 10.000 euros por cada grupo de bienes. La sanción por presentarla fuera de plazo es de 100 euros por dato con un mínimo de 1.500 euros por cada grupo.

Además de esa sanción, la normativa establece otra grave consecuencia tanto por no cumplir la obligación de informar como por hacerlo fuera de plazo, y es que Hacienda puede llegar a considerar que los bienes en el extranjero son ganancia patrimonial no justificada y cobrar por el IRPF una cuota hasta su tipo máximo margina o en el Impuesto sobre Sociedades, sobre su valor más una sanción adicional del 150% sobre dicha cuota. Y eso incluso aunque esos bienes y derechos procedan de periodos prescritos.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.


Un cordial saludo,

Nuevo baremo de daños y perjuicios causados en accidentes de circulación desde enero de 2016

Sabia Vd....
Nuevo baremo de daños y perjuicios causados en accidentes de circulación desde enero de 2016
El pasado 1 de enero de 2016 ha entrado en vigor la Ley 35/2015 de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación. Entre las novedades, destacan que se incrementan las indemnizaciones, serán las aseguradoras quienes se ocupen de los tratamientos de la víctima de un accidente de por vida y que si las amas de casa  sufren un accidente, sus familiares recibirán una compensación equivalente al de una personas que recibe el salario mínimo interprofesional. Le recordamos que el perjudicado dispone, de varias alternativas para reclamar la indemnización que le corresponde por las lesiones producidas para lo cual cuenta con nuestro asesoramiento.
Estimado/a cliente/a:
El pasado 1 de enero de 2016 ha entrado en vigor la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, conocido como baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico, que introduce un conjunto de modificaciones importantes  en el  Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

La importancia de esta regulación es capital, puesto que su ámbito de aplicación no se limita a los accidentes de tráfico, sino que recordamos que, tradicionalmente, y como así lo ha señalado la propia jurisprudencia, dicho baremo es orientativo, y aplicable a otros supuestos de daños indemnizables sufridos por las personas (pensemos por ejemplo, el supuesto de accidentes de trabajo, daños sufridos como consecuencia de una intervención médica llevada a cabo con una mala praxis….).

Principales novedades

La novedad de la normativa reside en  un intento de dotar a las víctimas de mayor protección. Para ello no sólo se introducen medidas para las garantías de una indemnización suficiente y un incremento en las cuantías orientativas en todos los supuestos, sino que se potencia la rápida resolución del conflicto (especialmente mediante la llamada oferta motivada y la mediación).

Atención. Los perjudicados por accidentes de circulación también podrán contar desde el 1 de enero 2016 con informes periciales gratuitos de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses en los casos de reclamaciones extrajudiciales.

Como novedad a destacar, además de las víctimas o perjudicados por el siniestro, en el ámbito de los perjuicios extrapatrimoniales, la nueva norma clasifica los perjudicados en accidentes de tráfico en cinco categorías: cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados.

Esta Ley se aplica a los siniestros producidos a partir del 1 de enero de 2016 y supone un incremento de las indemnizaciones en una media del 50% en casos de muerte, del 35% en caso de secuelas y en un 12,8% en caso de lesiones. Para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación ocurridos antes del 1 de enero de 2016 será de aplicación el sistema recogido en el Anexo y en el Anejo del citado Texto Refundido aprobado por el RDL 8/2004 de 29 de octubre.

Atención. Se pretende fomentar la resolución de conflictos extrajudicialmente e incrementar la indemnización para los lesionados graves, introduciendo nuevos perjudicados y nuevos conceptos así como apareciendo la posibilidad de que las distintas Administraciones también puedan ser indemnizadas por las actuaciones médicas que puedan generarse en el futuro del lesionado, tales como ciertos gastos de rehabilitación, recambio de prótesis, etc.

El nuevo Baremo se inspira en el principio básico de la indemnización del daño corporal y su finalidad es la de lograr la total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos. Para ello, también se identifican nuevos perjudicados y nuevos conceptos resarcitorios que no están recogidos en el Baremo vigente. Se sistematizan y dotan de sustantividad propia las indemnizaciones por daño patrimonial (daño emergente y lucro cesante) y se pone al día, mediante su aumento, el conjunto de indemnizaciones.

Daños personales

Se contemplan varios supuestos: fallecimiento, secuelas o lesiones permanentes y lesiones temporales.

En supuesto de fallecimiento

Se mejora la percepción de las indemnizaciones mediante su individualización, teniendo en cuenta las nuevas estructuras familiares.

Se distingue entre:
Perjuicio patrimonial básico o gastos razonables derivados del fallecimiento, compensados con una cantidad mínima de 400 euros y
- Gastos específicos, que incluyen el traslado del fallecido, repatriación, entierro y funeral.

En supuestos de secuelas o lesiones permanentes

Se refuerza especialmente la reparación del gran lesionado que quede con discapacidades que requieran de apoyos intensos para su autonomía personal, indemnizando los perjuicios y los daños emergentes relacionados con las diferentes partidas de gastos asistenciales futuros.

Se revisa, además, el baremo médico de secuelas para adaptarlo al estado actual de la ciencia.

En supuesto de lesiones temporales

Se distingue entre:

Gastos de asistencia sanitaria y
- Otros gastos diversos resarcibles, que son todos aquellos necesarios y razonables que genere la lesión en el desarrollo ordinario de la vida diaria, como por ejemplo, el incremento de costes de movilidad del lesionado, los desplazamientos de familiares para atenderle, gastos para atender a los familiares menores o especialmente vulnerables de los que se ocupaba el lesionado, etc.

Daños patrimoniales

El nuevo baremo regula el resarcimiento en concepto de gastos, regula de manera específica el lucro cesante, e introduce un coeficiente específico para cada perjudicado.

1. Lucro cesante (pérdida de ganancia por parte de la víctima).

La norma contempla los ingresos netos de la víctima y también valora el trabajo no remunerado como las tareas del hogar o la pérdida de capacidad de trabajo futura de menores y estudiantes.

Además, se introduce un coeficiente específico para cada perjudicado que combina factores diversos como la duración del perjuicio, el riesgo de fallecimiento del perjudicado y la deducción de las pensiones públicas, entre otros.

2. Perjuicios extrapatrimoniales o morales

Se incluye como novedad en este apartado la reestructuración del perjuicio personal básico en las indemnizaciones por causa de muerte y de su relación con los perjuicios particulares que ahora se amplían.

La nueva norma clasifica los perjudicados en accidentes de tráfico en cinco categorías autónomas: cónyuge, ascendientes, descendientes, hermanos y allegados. Considera que éstos sufren siempre un perjuicio resarcible y de la misma cuantía con independencia de que concurran o no con otras categorías de perjudicados.

Incremento de las indemnizaciones

Respecto a la media del periodo 2005 a 2011, según los daños causados en cada accidente de circulación, las indemnizaciones correspondientes se modifican de la siguiente manera:

•   Indemnizaciones por muerte: se incrementan un 50% de media
•   Indemnizaciones por secuelas: se incrementan un 35% de media
•    Indemnizaciones por lesiones: se incrementan un 12,8% de media

El criterio de actualización anual del sistema indemnizatorio se establece en relación al índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado por ser el que más se aproxima a sus principios y características.

Por ejemplo, en cuanto a la cuantía de las indemnizaciones, destaca el caso de las víctimas con incapacidad permanente absoluta que va desde los 166 euros en el caso de que la víctima tenga 66 años o más y percibiera un ingreso neto de hasta 9.000 euros; hasta 2,3 millones de euros en el supuesto de que la víctima tenga 16 años y percibiera un ingreso neto de hasta 120.000 euros.

Otras mejoras del sistema

Para garantizar la rápida resolución de los conflictos y  la suficiencia de las indemnizaciones ofrecidas por el asegurador, se le impone a éste la obligación de observar una conducta diligente en la cuantificación del daño en la oferta motivada que debe presentar a los perjudicados y en la liquidación de la indemnización.
En caso de disconformidad con la oferta motivada, las partes podrán intentar resolver de común acuerdo la controversia mediante el procedimiento de mediación.

Asimismo, se facilita el intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial.

La ley establece la creación de una Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración de la que formarán parte también las asociaciones de víctimas y las entidades aseguradoras con el objeto de analizar su puesta en marcha, sus repercusiones jurídicas y económicas y el sistema de actualización, pudiendo hacer sugerencias y promover modificaciones al mismo para la mejora del sistema.



Los lesionados en accidentes de tráfico en 2016 recibirán indemnización de por vida

Además, serán las aseguradoras quienes se ocupen de los tratamientos de la víctima de un accidente de por vida. Hasta ahora, sólo se ocupaban hasta el día de su curación o en el que finalizan las secuelas. Sin embargo, los tratamientos derivados del accidente 'a posteriori', tales como infecciones o intervenciones quirúrgicas, lo soportaba el Estado.

Renta vitalicia

Del mismo modo, existe la posibilidad de que, ante una accidente de tráfico, el perjudicado perciba la indemnización en forma de renta vitalicia en lugar de en un único pago, sobre todo, en los casos de menores o personas declaradas incapaces en que el juez lo estime necesario para proteger mejor sus intereses.


Todo este incremento en la cuantía de las indemnizaciones, compensaciones a familiares y allegados, y nuevas obligaciones de las aseguradoras se traducirá en un previsible aumento en las primas de los seguros.

 Teniendo en cuenta que el baremo de indemnización por accidente incluye variados supuestos, lo mejor es que contacte con nuestro Departamento Jurídico  para que analicemos las posibilidades de su caso en particular y realicemos al momento una primera valoración del cálculo de indemnización que le corresponde por el accidente y la incapacidad laboral si procediera.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,

¿Cuándo y cómo puede pedir el trabajador la reducción de jornada por guarda legal?

Sabia Vd....
¿Cuándo y cómo puede pedir el trabajador la reducción de jornada por guarda legal?
Si alguno de sus empleados tiene un hijo menor de 12 años, puede solicitar una reducción de su jornada diaria de entre un octavo y la mitad con la disminución proporcional de salario. Asimismo, gozan del mismo derecho quienes tengan a su cuidado a un discapacitado o a un familiar hasta el segundo grado que, por su edad o por culpa de un accidente o enfermedad, no pueda valerse por sí mismo, y siempre que en ambos casos la persona cuidada no trabaje. La reducción hay que pedirla por escrito con una antelación mínima de 15 días, y se tiene que preavisar el final de la misma también con 15 días, aunque también por Convenio pueden establecerse otros plazos.
Estimado/a cliente/a:
En la actualidad es bastante habitual solicitar una reducción de jornada con la finalidad de  poder conciliar la vida familiar y laboral, o al menos, intentarlo. Para ello la legislación laboral, y de Seguridad Social, reconoce mecanismos para poder llevar a cabo a la realidad diaria de los trabajadores dicha conciliación.
Reducción de jornada por guarda legal
Quien tiene un hijo o un familiar a cargo tiene la posibilidad de reducir su jornada de trabajo para cuidarle. Es lo que se denomina “reducción de jornada por guarda legal”.
Así en el actual artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores (ET) se establece que “quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella. Tendrá el mismo derecho quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, y que no desempeñe actividad retribuida”.

La reducción de jornada se puede solicitar en los siguientes supuestos:

Por razones de guarda legal quienes tengan a su cuidado directo:

  • A hijas o hijos menores de 12 años (según modificación introducida en el artículo 37.5, primer párrafo, del Estatuto de los Trabajadores, por el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores).
  • A hijas o hijos con discapacidad física, psíquica o sensorial que no desempeñe una actividad retribuida.

Por el cuidado de un familiar directo, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

En los casos de nacimientos de hijas o hijos prematuros o que, por cualquier causa, deban permanecer hospitalizados a continuación del parto, la madre o el padre tendrán derecho a reducir su jornada de trabajo hasta un máximo de dos horas, con la disminución proporcional del salario.

¿Existe algún otro supuesto en que se pueda solicitar la reducción de jornada?

Sí, la o el progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo o permanente, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo, con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la duración de aquélla, para el cuidado, durante la hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario de la Comunidad Autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el menor cumpla los 18 años.

Por convenio colectivo, se podrán establecer las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá acumular en jornadas completas.


En el supuesto de reducción de jornada por cuidado de hijas o hijos, la duración máxima del permiso es hasta que cumpla 12 años. En los demás supuesto no existe ningún límite en cuanto a la duración máxima del permiso de reducción de jornada.

¿Cuánto tiempo se puede reducir la jornada?

Por Ley, la reducción de jornada como mínimo debe ser un octavo (1/8) y como máximo la mitad (1/2) de la jornada.

Si la reducción no está dentro de estos márgenes se ha de reflejar en el documento de solicitud y concesión que la reducción tiene la misma protección que la prevista legalmente.

Atención.  Recuerde los cambios que la reforma laboral de 2012 introdujo en esta materia:

  • Antes, jornada ordinaria. Antes de la reforma laboral, los trabajadores que querían disfrutar de la reducción de jornada podían aplicar dicha reducción sobre su jornada ordinaria.  Es decir, un empleado que redujera su jornada semanal en ocho horas podía dejar de trabajar un día completo de la semana.
  • Ahora, jornada diaria. Tras la reforma, la reducción sólo puede aplicarse sobre la jornada diaria. Así pues, si un trabajador quiere reducir su jornada, podrá hacerlo, pero deberá trabajar todos los días de la semana (salvo que pacte otra cosa con la empresa).


El salario se reduce de forma proporcional a la reducción de jornada.

Si se disfruta una reducción de jornada en un octavo, el salario se reduce proporcionalmente en un octavo, si la reducción de la jornada es de la mitad de la jornada el salario se reduce a la mitad.

La reducción salarial afecta tanto al salario base como a los complementos salariales que figuren en la nómina y por los que se cotice a la Seguridad social.

Si se solicita una reducción de jornada por cuidados familiares ¿puede la empresa obligar a la trabajadora a desarrollar el horario que más le convenga?

No, es la trabajadora o el trabajador quien tiene la facultad de decidir la concreción horaria y la determinación del periodo de reducción de jornada por cuidado de familiares.

Atención. Si dos empleados solicitan una reducción por guarda legal y ello le perjudica, puede denegar la reducción o la concreción horaria solicitada a uno de ellos. Una solución es la contratación de un sustituto por la parte de jornada reducida.


En el supuesto que no exista acuerdo sobre la concreción horaria o la determinación del periodo de disfrute del permiso, se debe presentar una demanda ante los Juzgados de lo Social para que se reconozca el ejercicio de este permiso, en el plazo de 20 días hábiles, a partir de que la empresa le comunique su negativa o su disconformidad con la propuesta realizada.

El procedimiento será urgente y se le dará tramitación preferente, de acuerdo con lo previsto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

¿Existe algún plazo de tiempo para solicitar la reducción de jornada por cuidado de hijas e hijos?

Sí, salvo fuerza mayor, la trabajadora o el trabajador deberán preavisar a la empresa con una antelación de quince días o la que se determine en el convenio colectivo aplicable, precisando la fecha en que iniciará y finalizará la reducción de jornada

Se puede ejercer este derecho en cualquier momento dentro del periodo de disfrute reconocido por la Ley, hasta que el o la menor cumpla 12 años.

¿La solicitud de reducción de jornada puede hacerse por escrito o es válido que se haga de forma verbal?

La Ley no exige que se haga por escrito, pero por razones de seguridad jurídica para la trabajadora o trabajador, es conveniente que la petición de reducción de jornada se haga siempre por escrito.

En el escrito hay que hacer constar cuanto se va a reducir la jornada, el horario de trabajo que se propone realizar como consecuencia de la reducción de jornada y la fecha de inicio.


No, no se exige ningún modelo oficial. No obstante existen modelos incorporados como anexos en algunos convenios colectivos.

Una vez finalizado el periodo de reducción de la jornada de trabajo por cuidado de familiares, ¿Existe algún plazo para comunicar la reincorporación a la jornada ordinaria de trabajo?

Sí, la Ley obliga a la trabajadora o al trabajador a comunicar a la empresa con 15 días de antelación, la fecha en que se reincorporará a su jornada ordinaria de trabajo.

¿Puede el padre solicitar la reducción de jornada por cuidado de hijas e hijos o de otros familiares en caso que la madre no sea trabajadora por cuenta ajena?

Sí. La ley reconoce que la reducción de jornada por cuidados familiares es un derecho individual de los trabajadores, hombres y mujeres.

Esto significa que cualquiera de los progenitores puede solicitar la reducción de jornada independientemente de la situación laboral del otro, incluso ambos pueden solicitarla al mismo tiempo. La única excepción legal es en el caso de que ambos progenitores trabajen en la misma empresa y soliciten la reducción de jornada para cuidar de la hija o hijo o familiar, en cuyo caso la empresa podrá limitar este derecho a uno de ellos.

¿Pueden despedir por solicitar y/o ejercer el derecho a la reducción de jornada por cuidado de familiares?

No. Se trataría de un despido nulo por vulneración de derechos fundamentales, frente al que hay que demandar a la empresa antes de que transcurran los veinte días siguientes a la notificación del despido.

Si consecuencia de la reducción de jornada por cuidados familiares se reduce proporcionalmente el salario y las bases de cotización a la Seguridad Social  ¿Cómo afecta esta reducción a las futuras prestaciones de la Seguridad Social ? ¿Y en caso de desempleo?

Durante los dos primeros años de reducción de jornada por cuidado de hijas e hijos menores de 12 años y durante el primer año de reducción por cuidado de otros familiares, las cotizaciones se computan incrementadas hasta el 100 por 100 de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera mantenido la jornada de trabajo sin dicha reducción, a efectos del cálculo de las prestaciones de Seguridad Social por incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad, paternidad y jubilación.

En el caso del cálculo de las prestaciones por desempleo no existe límite de disfrute de la reducción de jornada por cuidados familiares y siempre se verán incrementadas hasta el 100% de las cotizaciones que debieran haberse efectuado de no haber existido la reducción.

¿En el caso de ser despedida o despedido si está disfrutando de una reducción de jornada por cuidado de hijas e hijos u otros familiares, la indemnización por despido se calcula sobre el salario íntegro o reducido?

En este caso, el cálculo de la indemnización será el que hubiese correspondido a la trabajadora o trabajador sin considerar la reducción de jornada efectuada, siempre que no hubiera transcurrido el plazo máximo legalmente establecido para dicha reducción. En este último caso dependerá de la voluntad de la empresa.




Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.


Un cordial saludo,

Cuestiones censales en relación con la modificación en la tributación de las sociedades civiles con objeto mercantil

Sabia Vd....
Nota importante: Cuestiones censales en relación con la modificación en la tributación de las sociedades civiles con objeto mercantil
Las sociedades civiles que el 1 de julio no hayan presentado un modelo de declaración censal como entidades con objeto mercantil o no -Modelo 036- serán objeto de un procedimiento de comprobación sobre su estructura societaria. La Dirección General de Recaudación de la Agencia Tributaria ha publicado nuevas Instrucciones en la que avanza que las sociedades civiles profesionales constituidas al amparo de la Ley 2/2007 que no se ajusten a las nuevas exigencias presentarán un Modelo 036 modificando los datos identificativos y haciendo constar en su forma jurídica, que es una sociedad civil profesional. En el caso de las sociedades ya constituidas, Hacienda reasignará el colectivo de sociedades civiles con las que tengan objeto mercantil, las que no lo tengan y las profesionales, y se emitirá una carta informativa en la que se informará de la modificación normativa, de las actividades que la Dirección General de Tributos (DGT) se consideran que constituyen objeto mercantil.
Estimado/a cliente/a:
Les informamos que se han publicado nuevas Instrucciones de la AEAT sobre ”Cuestiones censales en relación con la modificación de la tributación de las sociedades civiles con objeto mercantil”, en las que se tratan, entre otros, los siguientes asuntos:

Otorgamiento del NIF

Se otorgará NIF “J” a la entidad que se manifieste como sociedad civil cuando solicite el NIF, creándose una subclave para las que tengan objeto mercantil, que tributarán por Sociedades, y otras dos para las que no tengan objeto mercantil en general y para las sociedades civiles profesionales (las de la Ley 2/2007), tributando en estos dos últimos supuestos como entidades en régimen de atribución.

Se asignará un NIF con la clave “E” a las entidades sin personalidad jurídica del artículo 35.4 de la LGT: herencias yacentes, comunidades de bienes, con titularidad compartida de explotaciones agrarias y otras diferentes de las anteriores.

Se aclara que si un sujeto se persona en la AEAT manifestándose como comunidad de bienes, para calificarla como tal en el documento debe figurar la cuota de participación de cada comunero en el bien común, la firma de todos los comuneros y el objeto de la comunidad y, si no figurase con claridad el bien poseído en común se le dará una subclave (dentro de la clave “E”) como “Otras entidades sin personalidad jurídica” que es distinta a la de las herencias yacentes, las C.B. o la de titularidad compartida de explotaciones agrarias. En cualquier caso, todas esas entidades tributarán en atribución de rentas.

Actuaciones de mantenimiento censal

De oficio se suprimirán las subclaves de sociedades civiles que distinguían, dentro de estas, con y sin personalidad jurídica, ya que a estos efectos todas las que tienen asignado NIF se entiende que tienen personalidad jurídica.

En este proceso se emitirá una carta informativa a todas las sociedades civiles sobre la modificación normativa y de cómo cumplimentar el modelo 036 en cada caso. Y respecto a las entidades que no actualicen sus datos en el censo, a partir de 1 de julio de 2016 se iniciará un procedimiento de comprobación censal.

Respecto a las declaraciones censales que pueden presentar las sociedades civiles existentes, en estas Instrucciones se detallan las posibles en función de las siguientes circunstancias:

Los socios o representantes de sociedades civiles con objeto mercantil (que deben tributar por el Impuesto sobre Sociedades) disponen de un plazo de 6 meses a partir del 1 de enero de 2016 para disolverse. Las comunidades de bienes no están afectadas por esta normativa.

Se pueden presentar las siguientes situaciones:

1.       Sociedades civiles que pasen a tributar por el Impuesto sobre Sociedades.
2.      Sociedades civiles que se disuelvan y liquiden.
3.      Sociedades civiles que pretendan transformarse en comunidades de bienes.
4.      Sociedades civiles que se transformen en sociedades limitadas.
5.      Sociedad civil que comunica un cambio de actividad económica.
6.      Sociedad civil profesional que no figuren como tal.


1         Sociedades civiles que pasen a tributar por el Impuesto sobre Sociedades y que no se disuelvan de acuerdo con lo establecido en la Disposición transitoria (DT) 19ª Ley del IRPF (LIRPF)

La sociedad civil deberá presentar un Modelo 036 de modificación y marcará:

-          La casilla 125 de “Modificación de datos identificativos” del apartado “B) Modificación” (página 1).
En la casilla 69 (página 2B) de “Forma jurídica” debe hacer constar “Sociedad civil con objeto mercantil”.
-          La casilla 131 de “Modificación de datos relativos al IVA” del apartado “B) Modificación” (página 1).
En el apartado 6 del “IVA” (Página 5) debe modificar las casillas que correspondan para darse de baja de los regímenes de IVA incompatibles y de alta de los que correspondan.
-          La casilla 133 de “Modificación relativos al Impuesto sobre Sociedades”, del apartado “B) Modificación”.

En el apartado 7 B) del Impuesto sobre Sociedades debe darse de alta en la obligación de dicho impuesto desde el 1 de enero de 2016 y rellenar las casillas que correspondan de acuerdo a sus opciones.

Los socios de la sociedad civil sujeta al Impuesto sobre Sociedades que estuviesen de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores únicamente por tener obligaciones derivados de su condición de socios de una entidad en atribución de rentas procederán a presentar un Modelo 036 para comunicar su baja en dicho censo marcando la casilla 150 del apartado C) Baja (Página 1) si no deben constar de alta por otro motivo.

2        Sociedades civiles que decidan su disolución y liquidación de acuerdo con lo establecido en la DT 19ª LIRPF

Según la DT 19ª de la LIRPF, las sociedades civiles con objeto mercantil podrán acordar su disolución y liquidación, con aplicación del régimen fiscal previsto en esa disposición, cuando concurran las siguientes circunstancias:

“a) Que con anterioridad a 1 de enero de 2016 les hubiera resultado de aplicación el régimen de atribución de rentas previsto en la Sección 2.ª del Título X de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
b) Que a partir de 1 de enero de 2016 cumplan los requisitos para adquirir la condición de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades.
c) Que en los seis primeros meses del ejercicio 2016 se adopte válidamente el acuerdo de disolución con liquidación y se realicen con posterioridad al acuerdo, dentro del plazo de los seis meses siguientes a su adopción, todos los actos o negocios jurídicos necesarios, para la extinción de la sociedad civil.
Reglamentariamente se establecerán los requisitos formales exigidos para la aplicación de lo dispuesto en la presente disposición”.

Tienen el plazo de los seis primeros meses de 2016 para presentar un Modelo 036, con la documentación necesaria, marcando:

-          La casilla 125 de “Modificación de datos identificativos” del apartado “B) Modificación” (página 1).
En la casilla 69 (página 2B) de “Forma jurídica” debe hacer constar “Sociedad civil con objeto mercantil”
-          La casilla 140 de “Modificación de datos identificativos” del apartado “B) Modificación” (página 1) para señalar el cese de actividad por estar en proceso de liquidación.

Cuando finalmente se extingan presentarán un modelo 036 marcando la casilla 150, en la página 1, de baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores por extinción y los socios su baja individual en Modelo 036 en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores.

Hay que tener en cuenta que según la Disposición transitoria 19ª LIRPF:

“Hasta la finalización del proceso de extinción de la sociedad civil, siempre que la misma se realice dentro del plazo indicado en la letra c) del apartado 1 de esta disposición transitoria, continuará aplicándose el régimen de atribución de rentas previsto en la Sección 2.ª del Título X de esta Ley, sin que la sociedad civil llegue a adquirir la consideración de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades.
En caso contrario, la sociedad civil tendrá la consideración de contribuyente del Impuesto sobre Sociedades desde 1 de enero de 2016 y no resultará de aplicación el citado régimen de atribución de rentas.”

3        Sociedades civiles que solicitan la transformación en comunidad de bienes.

No es posible la transformación de una sociedad civil (que dispone de personalidad jurídica en el ámbito fiscal de acuerdo con la doctrina de la DGT por haberse manifestado como tal en el momento de solicitar el NIF) en una comunidad de bienes. La transformación de una sociedad civil en un ente sin personalidad no está amparada en la normativa. Si quieren constituirse como un ente sin personalidad jurídica deberán disolverse y liquidarse como sociedad civil y proceder a la creación de la entidad con la forma jurídica que se desee. Es decir, deberán presentar un modelo 036 de baja y disolución y un nuevo modelo 036 de solicitud de NIF y alta de la actividad.

Por tanto, la comunicación de la transformación de letra J de sociedad civil a Letra E  de comunidad de bienes marcando la casilla 125 “Modificación de Datos Identificativos” del Modelo 036 dará error en la aplicación.

4       Sociedades civiles con objeto mercantil que se transforma en Sociedad limitada[1]

La transformación de una sociedad civil está regulado en la Ley 3/2009 de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles que establece en su artículo 4.3 que

“las sociedades civiles pueden transformarse en cualquier tipo de sociedad mercantil”

Para ello deberá estar previamente inscrita en el registro mercantil y cumplir los requisitos que se establecen en el proceso de transformación.

La sociedad civil que conste como entidad en atribución de rentas y se transforme en Sociedad Limitada deberá presentar un Modelo 036, adjuntando la escritura de transformación y certificado de inscripción en el Registro Mercantil,  marcando:

-       La casilla 125 de “Modificación de datos identificativos” del apartado “B) Modificación” (página 1).
En la casilla 69 (página 2B) de “Forma jurídica” debe hacer constar “Sociedad limitada”.
-          La casilla 131 de “Modificación de datos relativos al IVA” del apartado “B) Modificación” (página 1).
En el apartado 6 del “IVA” (Página 5) debe modificar las casillas que correspondan para darse de baja de los regímenes de IVA incompatibles y de alta de los que correspondan.
-          La casilla 133 de “Modificación relativos al Impuesto sobre Sociedades”, del apartado “B) Modificación”.
En el apartado 7 B) del Impuesto sobre Sociedades debe darse de alta en la obligación de dicho impuesto desde el 1 de enero de 2016 y rellenar las casillas que correspondan de acuerdo a sus opciones.

Los socios de la sociedad civil sujeta al Impuesto sobre Sociedades que estuviesen de alta en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores únicamente por tener obligaciones derivados de su condición de socios de una entidad en atribución de rentas procederán a presentar un Modelo 036 para comunicar su baja en dicho censo marcando la casilla 150 del apartado C) Baja (Página 1) si no debe constar de alta por otro motivo.

En este caso al no haber disolución no será de aplicación el régimen descrito en la DT 19ª de la LIRPF.


5        Sociedad civil que comunica un cambio de actividad económica

Desde el 1 de enero de 2016 la comunicación de cambio de actividad en la casilla 127 (página 1) “Modificación de datos relativos a actividades económicas y locales” puede suponer para las sociedades civiles el cambio de tributación como entidad en atribución de rentas a entidad sujeta al Impuesto sobre Sociedades o a la inversa. Es decir el cambio de la Subclave “Sociedad civil sin objeto mercantil” a la 76 “Sociedad civil con objeto mercantil” o a la inversa.

Esto se complica si tenemos en cuenta que estas sociedades pueden tener de alta varias actividades. Si una de ellas es la única que le confiere la condición de Sociedad civil con objeto mercantil y la da de baja, debería comunicar el cambio de subclave y el cambio de su situación tributaria a entidad en atribución de rentas.

Por tanto cualquier cambio de actividad económica de las afectadas por el objeto mercantil puede suponer además la necesidad de rellenar las casillas del modelo 036 afectadas por dicho cambio, tanto en la entidad como en los socios. 

6       Sociedad civil profesional

Las sociedades civiles profesionales constituidas de acuerdo a la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales que no consten en la nueva subclave específica deberán presentar un modelo 036  para señalar:

-          La casilla 125 de “Modificación de datos identificativos” del apartado “B) Modificación” (página 1).
-          En la casilla 69 (página 2B) de “Forma jurídica” debe hacer constar “Sociedad civil profesional”.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,



[1] En caso de transformación de una sociedad civil sin objeto mercantil o una sociedad civil profesional (que tributan en régimen de atribución) en sociedad limitada, las fechas de alta en la obligación por el Impuesto sobre Sociedades y de modificación de otros regímenes IVA o IRPF incompatibles será la fecha de la inscripción de la transformación de esa sociedad civil en Sociedad Limitada en el registro mercantil.

Gestión eficiente de los gastos de viaje, obligará a remitir vía telemática todas las facturas Agencia Tributaria

Sabia Vd....
Gestión eficiente de los gastos de viaje.
El reciente anuncio por parte de la Agencia Tributaria de la puesta en marcha del modelo SII (Suministro Inmediato de Información), que obligará a remitir vía telemática todas las facturas recibidas en un periodo de cuatro días hábiles, va a representar un reto administrativo muy importante para las compañías que no automaticen estos procesos.
Sin duda, los más complejos de procesar van a ser los relacionados con los gastos de viaje (Travel &Expenses.), ya que se generan muchas veces de forma aleatoria e imprevisible, con proveedores que a menudo no están certificados, y su origen está distribuido por toda la organización. Aquellas compañías que no se preparen adecuadamente para el cambio, que entrará en vigor de aquí a un año, el 1 de enero de 2017, incurrirán en un aumento de gastos administrativos, pérdidas en las compensaciones de IVA y falta de control sobre todo el proceso.
¿Cómo podemos entonces prepararnos para solucionar esta nueva vuelta de tuerca en las exigencias de la Agencia Tributaria? Pues la respuesta dependerá del volumen global de gastos, la complejidad de estos, el número de empleados que viajen, etc. Aunque algunas compañías se resignarán y verán cómo aumentan sus gastos administrativos, para la mayoría de las empresas la solución pasará por implantar una herramienta de gestión de estos gastos.
Estas aplicaciones ofrecen automatizar la cumplimentación de las liquidaciones, el control de las políticas de gasto, la auditoría y la contabilización. Además facilitan considerablemente la recuperación del IVA, reducen en gran medida la gestión de papel y mejoran el conocimiento global de este tipo de costes que en la mayoría de las compañías apenas se controlan. Recientes estudios de mercado estiman que, gracias al control de los gastos y a sus análisis, estas herramientas pueden reducir de forma directa los gastos de viaje de la empresa entre un 20% y un 25%.
Pero estas aplicaciones no deben limitarse a automatizar procesos y mejorar costes, su reto debe ser también lograr que un proceso habitualmente tedioso y farragoso se convierta, para sus usuarios, en fácil, rápido y agradable de gestionar. De este modo, no se acumula el trabajo en los cierres contables, con los consiguientes riesgos de pérdida de documentación, cargas de trabajo, nervios y molestias. La simplificación de los procesos libera, además, a los empleados para que se dediquen a tareas que ofrezcan a la empresa un mayor valor añadido. De este modo, mediante las herramientas de gestión, convertimos una obligación que es una carga en una oportunidad de mejora en la eficiencia de la organización. Para conseguirlo, es importante que, a la hora de seleccionar e implantar una solución de este tipo, la compañía tenga en cuenta algunas recomendaciones:
Es imprescindible que la solución esté certificada por la Agencia Tributaria, ya que esto permitirá eliminar el uso del papel en su totalidad. Los usuarios sólo necesitarán fotografiar los tickets desde un dispositivo móvil y adjuntarlo posteriormente al formulario de liquidación. Esto evitará pérdidas y costes relacionados con el transporte y almacenamiento de los comprobantes.
También es muy importante que la aplicación pueda ser accesible desde cualquier dispositivo móvil en cualquier sitio, de manera que los procesos de aprobación y liquidación al usuario sean rápidos. Otro aspecto a tener en cuenta es que permita la integración de la información de las tarjetas de crédito corporativas. Esto, al margen de facilitar la liquidación, evita duplicidades.
Por último, en aquellas compañías donde también se quiera realizar un control previo del viaje, es preciso que la solución adoptada incorpore el flujo de aprobación del viaje. De esta forma se podrá consolidar toda la información del viaje e incluso integrarla con la agencia.
En resumen, tenemos por delante un año de adaptación si queremos llegar a principios del siguiente en condiciones de cumplir con la nueva exigencia. No es mucho tiempo, si tenemos en cuenta que los procesos de despliegue de estas herramientas no son rápidos, ya que son muchos los usuarios que hacen uso de ellas. La parte positiva es que es la oportunidad para poner orden y control en una partida de nuestras cuentas de resultados que, de otra forma, es muy difícil fiscalizar.

La tributación de los alquileres turísticos

¿Sabia Vd?.... La tributación de los alquileres turísticos ACTIVIDAD DE ALQUILER DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS Se considera arrendamient...