¿Sabia Vd?....MODELO 232. OPERACIONES VINCULADAS


La vuelta al nuevo curso después de vacaciones nos recibe con nuevas obligaciones fiscales y es que el pasado 28/08/2017 fue publicada en el Boletín Oficial del Estado la Orden  HFP/816/2017 por la que se aprueba el modelo 232 de declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones relacionadas con paraísos fiscales.
Nuevamente la Administración Tributaria dispone en la Orden su voluntad de llevanza de control sobre las operaciones realizadas con entidades vinculadas que difícilmente será correctamente reportada si no se cuenta con un estudio detallado previo de las operaciones.
¿Quién tiene obligación de presentar el Modelo 232?
Están obligados a presentar y cumplimentar la nueva declaración informativa las personas jurídicas cuando se de alguno de los siguientes supuestos:
1. Entidades cuyo conjunto de operaciones realizadas en el periodo impositivo con la misma persona o entidad vinculadas -de acuerdo con el valor de mercado- exceda los 250.000 euros.
2. Las entidades que realicen alguna de las siguientes operaciones (siempre que el importe conjunto de cada tipo de operación exceda de 100.000 euros de acuerdo con el valor de mercado):
Ø  Transmisión de negocio.
Ø  Transmisión de inmuebles.
Ø  Operaciones sobre activos intangibles.
Ø  Operaciones realizadas por contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el desarrollo de una actividad económica a la que resulte de aplicación el método de estimación objetiva con entidades en las que aquellos o sus cónyuges, ascendientes o descendientes, de forma individual o conjuntamente entre todos ellos, tengas un porcentaje igual o superior al 25% del capital social o fondos propios.

3. Entidades que, con independencia de la contraprestación del conjunto de operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada, tendrán la obligación de informar respecto a aquellas operaciones de la misma naturaleza y método utilizado, cuando el importe del conjunto de las mismas sea superior al 50% de la cifra de negocios de la entidad.
4. Entidades que realicen operaciones con países o territorios considerados como paraísos fiscales con independencia del importe.
5. Entidades que transmitan intangibles a personas o entidades vinculadas y apliquen la reducción prevista en el artículo 23 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
No obstante, no existe obligación de informar de las siguientes operaciones:
*      Las realizadas entre entidades que se integren en un mismo grupo de consolidación fiscal.

*      Las operaciones realizadas con sus miembros o con otras entidades integrantes del mismo grupo de consolidación fiscal por las agrupaciones de interés económico, y las uniones temporales de empresas inscritas en el registro especial del Ministerio de Hacienda y Función Pública, salvo uniones temporales de empresas, o fórmulas de colaboración análogas a las uniones temporales, que se acojan al régimen establecido en el artículo 22 de la LIS.

*      Las operaciones realizadas en el ámbito de ofertas públicas de venta o de ofertas públicas de adquisición de valores.

El plazo de presentación de este nuevo modelo será en el mes siguiente a los diez meses posteriores a la finalización del periodo impositivo al que se refiera la información a suministrar. A modo de ejemplo, para los periodos impositivos que hayan finalizado el 31 de diciembre de 2016, el plazo de presentación será del 1 al 30 de noviembre de 2017.

Dado que el incumplimiento de la escrupulosa cumplimentación del modelo podría llevar la imposición de sanciones, desde ESTUDIO JURIDICO 4  estaremos encantados de ayudaros en lo relativo al estudio detallado de las operaciones vinculadas y de asistiros/gestionaros la cumplimentación y presentación del modelo 232.

Aprobada la norma que facilita el cambio de sede social de las empresas

¿Sabia Vd?....
El BOE del 7 de octubre se ha publicado un el Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, que reforma la Ley de Sociedades de Capital. Con efectos desde el 7 de octubre de 2017, digan lo que digan los estatutos, sea cual sea su redacción, la competencia para trasladar el domicilio social de una sociedad a cualquier parte de España es del órgano de administración. Si una sociedad quiere que esa competencia sea de la junta general, tendrá que acordar en el futuro una modificación estatutaria expresa en tal sentido.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del día 7 de octubre de 2017, ha publicado se ha publicado el Real Decreto-ley 15/2017 de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional, con efectos desde el 7 de octubre de 2017, que modifica la Ley de Sociedades de Capital a efectos de aclarar la competencia del órgano de administración para decidir el cambio de domicilio social dentro del territorio nacional.

La norma permite a las empresas cambiar su domicilio social sin necesidad de contar con el visto bueno de la junta de accionistas, lo que facilitará la salida de Cataluña de las empresas que así lo decidan. Esta norma conlleva la agilización de los traslados, lo que llega en un momento en que numerosas empresas con sede en Cataluña han decidido o se están planteando cambiar su domicilio ante la deriva secesionista y la situación de inestabilidad.

Atención. La norma permite que las empresas cambien su sede social pese a que sus estatutos establezcan de forma clara que esa decisión corresponde a la Junta de accionistas.

La determinación del domicilio de las personas jurídicas, como lugar para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus obligaciones, es uno de los elementos fundamentales en el momento de su constitución.

Por ello, la Ley de Sociedades de Capital establece que el domicilio social debe constar en los Estatutos de la sociedad. Pues bien, cualquier modificación de los Estatutos será competencia de la junta general.

La Ley de Sociedades de Capital establecía en un primer momento que, salvo disposición contraria de los estatutos, el cambio de domicilio dentro del mismo término municipal puede ser acordado por el órgano de administración.

Sin embargo, en 2015 se produjo un cambio radical  y se amplió la competencia al órgano de administración, ya no sólo dentro del municipio, sino dentro de todo el territorio nacional, manteniéndose la limitación de que no existiese una disposición contraria en los estatutos.

Pue bien, ahora con efectos desde el 7 de octubre de 2017, se modifica la Ley de Sociedades de Capital a efectos de aclarar la competencia del órgano de administración para decidir el cambio de domicilio social dentro del territorio nacional.

¿Qué decía la Ley antes del Real Decreto-ley 15/2017 aprobado por el Gobierno sobre la competencia de modificación del domicilio social?

Que por excepción y salvo disposición contraria de los estatutos, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.

Ahora, y con efectos desde el 7 de octubre de 2017, se ha añadido un párrafo, en virtud del cual se establece que: “Por excepción a lo establecido en el apartado anterior el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos. Se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia”.

La modificación consiste en aclarar que sólo habrá pacto estatutario en contra cuando los estatutos digan expresamente que esa competencia de cambio de domicilio no la ostenta el órgano de administración.

Por tanto a partir del 7 de octubre de 2017, digan lo que digan los estatutos de la sociedad, el órgano de administración va a ser competente para variar el domicilio, sin acuerdo de junta, en todo el territorio nacional, comprensivo por supuesto, no sólo del territorio peninsular, sino de los dos archipiélagos españoles, así como también de las ciudades de Ceuta y Melilla.



¿Y qué pasa con los estatutos aprobados antes de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley?

Pues la norma establece que se entenderá que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley (entró en vigor el 7 de octubre de 2017) se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.

JUBILACION PARCIAL CAMBIO DE CRITERIO DE INSS Y SE ADMITE SU ACUMULACION EN UNA AÑO

¿Sabia Vd?....CAMBIO DE CRITERIO DE INS EN LA JUBILACIÓN PARCIAL CONCENTRACION DE LA JORNADA EN UN SOLO AÑO.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) acaba de admitir, en su Consulta nº 92/2017 de 10 de octubre, la posibilidad de concentrar la jornada del jubilado parcial en un solo año, de forma que la totalidad de la jornada pendiente hasta la jubilación total se acumule en un único periodo ininterrumpido (normalmente, inmediatamente posterior al inicio de la jubilación parcial). Hasta la citada fecha, el INSS venía admitiendo la concentración en periodos anuales (pues está expresamente prevista en el art. 65.3 del Reglamento General sobre Cotización), pero no lo permitía en periodos plurianuales.
Esta última práctica la consideraba como una anticipación encubierta de la jubilación total y, por tanto, incorrecta, lo que podía conllevar importantes responsabilidades:
  • Extinción de la situación de jubilación parcial y reclamación al trabajador de la devolución de todas las cantidades percibidas en concepto de prestación de jubilación parcial.
  • La revocación de la situación de jubilación parcial podía conllevar en algunos supuestos la reducción de la base reguladora del trabajador y la reclamación de cantidades percibidas indebidamente durante la situación de jubilación plena.
  • Condena solidaria o subsidiaria de la empresa al reintegro de dichas cantidades.
  • Levantamiento de Acta de Infracción para la empresa.
Sin embargo, el INSS ha modificado su anterior criterio dada la jurisprudencia del Tribunal Supremo en esta materia y, en concreto, con base en sus sentencias de 19 de enero de 2015 -caso Terminal de Contenedores de Barcelona- y de 29 de marzo de 2017 -caso Paradores de Turismo- y que fue comentada en una entrada anterior en nuestro blog (ver aquí).
A raíz de dicha doctrina, y a pesar de ser un supuesto “anómalo”, la acumulación en un periodo plurianual se considera una práctica correcta, por lo que el INSS la aceptará siempre que se acrediten los requisitos de alta y cotización legalmente previstos y, en particular, el ingreso de las cotizaciones durante todo el periodo que media entre la jubilación parcial y la jubilación total.
El INSS aplicará este nuevo criterio a partir de la fecha de la consulta– 10 de octubre de 2017-, tanto a los procedimientos administrativos pendientes de resolución como en las reclamaciones previas formuladas contra las resoluciones del INSS dictadas con base en su anterior criterio. Por tanto, será fundamental alegar esta consulta en la defensa de las empresas que se encuentren inmersas en procedimientos administrativos y/o judiciales por esta causa.
Aun cuando la Inspección de Trabajo tampoco admitía la acumulación de la jornada del jubilado parcial en periodos plurianuales (Criterio Técnico nº 95/2015), parece claro que, a raíz de la consulta del INSS, la Inspección también deberá adaptar su Criterio y no levantar acta de infracción por esta práctica.
Sin duda, la aceptación de esta posibilidad por parte del INSS dará mayor seguridad jurídica y flexibilidad, tanto a las empresas como a los trabajadores, para acceder a la jubilación parcial.

¿Cuándo puede una sociedad limitada adquirir sus propias participaciones?

¿Sabia Vd?....
La adquisición de participaciones propias (autocartera) es una merma patrimonial, pues disminuye el patrimonio neto de la sociedad, pudiendo tener algunas consecuencias que se deben analizar, como poner en conflicto el principio de igualdad entre socios, menguar la garantía patrimonial que el capital social significa para los acreedores, distorsionar la imagen fiel de la misma, etc…Por eso la Ley de Sociedades de Capital, prohíbe la adquisición originaria de autocartera y admite la adquisición derivativa de las propias participaciones o de las participaciones emitidas por la sociedad dominante. Siempre que concurran ciertas condiciones.

Queremos informarles de la problemática que surge con relación a la  adquisición por parte de una sociedad limitada de sus propias  participaciones, lo que se conoce con el nombre de autocartera. Es aquella situación en la que una sociedad posee sus propias participaciones o las de su sociedad dominante y, por tanto, es socia de sí misma.

La adquisición de participaciones propias es una merma patrimonial, pues disminuye el patrimonio neto de la sociedad, pudiendo tener algunas consecuencias que se deben analizar, como poner en conflicto el principio de igualdad entre socios, menguar la garantía patrimonial que el capital social significa para los acreedores, distorsionar la imagen fiel de la misma, etc…Por eso la Ley de Sociedades de Capital, prohíbe la adquisición originaria de autocartera y admite la adquisición derivativa de las propias participaciones o de las participaciones emitidas por la sociedad dominante. Siempre que concurran ciertas condiciones.

No obstante, la autocartera tiene una cierta utilidad en las sociedades, pues facilita llevar a cabo algunas operaciones societarias, permite emitir obligaciones financieras, facilita la selección de socios estratégicos y también su salida adquiriendo sus acciones, permite remunerar a trabajadores y directivos con acciones o participaciones, y facilita la adquisición de otras sociedades reduciendo el valor de la sociedad a adquirir.

Adquisición originaria de las participaciones

La adquisición originaria es el supuesto en que la sociedad suscribe sus propias participaciones que no estaban en circulación anteriormente.

La Ley de Sociedades de capital prohíbe terminantemente que las sociedades limitadas puedan asumir o suscribir sus propias participaciones ni las creadas o emitidas por su sociedad dominante, por lo tanto quedaría descartada la adquisición originaria de autocartera.

Atención. Si una SL realiza una adquisición originaria de participaciones propias o de participaciones de la sociedad dominante, dicha adquisición será nula de pleno derecho.

Adquisición derivativa de las participaciones

La adquisición derivativa es el supuesto en que la sociedad adquiere sus propias participaciones cuando ya estaban en circulación. Se encuentra permitida en algunos supuestos, con sometimiento a determinadas limitaciones. En concreto:

 1. La sociedad de responsabilidad limitada sólo podrá adquirir sus propias participaciones, o participaciones o acciones de su sociedad dominante, en los siguientes casos:
  1. Cuando formen parte de un patrimonio adquirido a título universal, o sean adquiridas a título gratuito, o como consecuencia de una adjudicación judicial para satisfacer un crédito de la sociedad contra el titular de las mismas.
  2. Cuando las participaciones propias se adquieran en ejecución de un acuerdo de reducción del capital adoptado por la junta general.
  3.  Cuando las participaciones propias se adquieran en el caso previsto en la Ley para el embargo de participaciones (régimen de transmisión forzosas de participaciones).
  4. Cuando la adquisición haya sido autorizada por la junta general, se efectúe con cargo a beneficios o reservas de libre disposición y tenga por objeto participaciones de un socio separado o excluido de la sociedad, participaciones que se adquieran como consecuencia de la aplicación de una cláusula restrictiva de la transmisión de las mismas, o participaciones transmitidas mortis causa.
En estos casos puede realizarse la adquisición derivativa por parte de una SL, pero quedando supeditada a las siguientes condiciones:

  • En el caso de participaciones propias, las mismas deberán ser amortizadas o enajenadas en el plazo de tres años. Cuando se adquieran participaciones o acciones de una sociedad dominante, deberán ser enajenadas en el plazo máximo de un año a contar desde su adquisición.  En caso de enajenación, el precio no podrá ser inferior al valor razonable de las participaciones. Si la adquisición no comporta devolución de aportaciones a los socios, la sociedad deberá dotar una reserva indisponible durante 5 años.
Atención. La enajenación no podrá efectuarse a un precio inferior al valor razonable de las participaciones, fijado conforme a lo previsto para los casos de separación de socios.

  • Cuando las participaciones no fuesen enajenadas en los plazos legales, la sociedad debe acordar inmediatamente su amortización y la reducción de capital. Si no se adoptase el acuerdo, los administradores deberán instar la resolución judicial. Cualquier interesado podrá instarlo también en caso de falta de acuerdo o inactividad de los administradores.
Régimen de las participaciones propias y de las participaciones o acciones de la sociedad dominante.

Por último, señalar que cuando una sociedad limitada haya adquirido sus propias participaciones o las acciones o participaciones de su sociedad dominante se suspenderán todos los derechos de esas acciones o participaciones, tanto económicos, como de voto y políticos.
En el patrimonio neto del balance se establecerá una reserva equivalente al importe de las participaciones o acciones adquiridas, computado en el activo, que deberá mantenerse en tanto no sean enajenadas.
El régimen de la autocartera en las sociedades de responsabilidad limitada es relativamente complejo y conviene asesorarse jurídica y fiscalmente antes de llevar a cabo una operación societaria que implique la adquisición por la sociedad de sus propias participaciones.

Nuevos incentivos para el emprendedor: La futura Ley de trabajadores autónomos 2018 (parte II)

¿Sabia Vd?....

Nuevos incentivos para el emprendedor: La futura Ley de trabajadores autónomos 2018 (parte II)

C. NOVEDADES EN MATERIA DE TRIBUTACIÓN DEL IRPF

1. Se incluye para los autónomos en estimación directa en el IRPF la posibilidad de deducirse los gastos de suministros de la vivienda parcialmente afecta a la actividad económica, tales como agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, en el porcentaje resultante de aplicar el 30 % a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, excepto que se pruebe un porcentaje más alto o inferior.

2. También, pueden deducirse los gastos de manutención incurridos en el desarrollo de su actividad económica, siempre que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería y se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago, con los límites cuantitativos establecidos reglamentariamente para las dietas y asignaciones para gastos normales de manutención de los trabajadores (esto es, con carácter general, 26,67 € si el gasto se produce en España o 48,08 € si es en el extranjero, cantidades que se duplican, a su vez, si se pernocta como consecuencia del desplazamiento).

D. NOVEDADES EN MATERIA DE PROTECCIÓN SOCIAL POR ACCIDENTE DE TRABAJO

  1. Prestaciones de maternidad y paternidad. Se clarifica el sistema de cálculo del subsidio que será equivalente al 100% de la base reguladora consistente en la suma de las bases de cotización de los 6 últimos meses divida entre 180, o entre los días que corresponda de no haber permanecido de alta durante todo ese periodo.
  2. Compatibilidad de la pensión de jubilación y la realización de trabajos por cuenta propia. Un aspecto novedoso de la pretendida reforma es la posibilidad de poder compatibilizar la pensión de jubilación al 100% con el trabajo por cuenta ajena. Para ello el pensionista deberá acreditar tener contratado en la actividad al menos 1 trabajador por cuenta ajena. Sin duda una medida que intentará favorecer la creación de empleo en el mercado.
  3. Equiparación a efectos de accidente de trabajo el ocurrido «in itinere» (ida o de vuelta al puesto de trabajo). Aquí se presenta una vieja reivindicación del colectivo de autónomos, esto es, la consideración como accidente laboral el ocurrido al ir o al volver del lugar de la prestación de la actividad económica o profesional. Es importante tener en cuenta que a efectos del accidente in itinere se entenderá como lugar de la prestación el establecimiento en donde el trabajador autónomo ejerza habitualmente su actividad siempre que no coincida con su domicilio y se corresponda con el local, nave u oficina declarado como afecto a la actividad económica a efectos fiscales.
Atención. Es necesario que el autónomo revise su declaración censal de IAE para cerciorarse que la dirección de la actividad declarada coincida con la de su local, nave u oficina”. Por tanto, en canso que no coincida la dirección declarada a efectos fiscales será recomendable que se realicen las gestiones tributarias necesarias.

E. OTRAS MEDIDAS FUTURAS A IMPLEMENTAR

  1. Revisión del concepto de los requisitos de inclusión en el RETA (habitualidad): como es sabido la inclusión en el RETA depende de diversos factores definidos en la Ley de Trabajadores Autónomos. Así se establece que quedarán incluidas en el RETA “las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo”. La intención de la reforma es aclarar de una forma más concreta que factores se tendrán en cuenta para determinar que una actividad se realiza de forma habitual u ocasional.
Hay que tener en cuenta que, actualmente, los parámetros para considerar habitual la actividad del autónomo no están claros. Una solución seguida ha sido valorar los ingresos de la actividad, si superan o no el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), para la inclusión en el RETA. Efectivamente, de esta manera se ha venido generalizando la regla para la incompatibilidad de la pensión de jubilación y el trabajo por cuenta propia del pensionista, que establece que no existirá obligación de cotizar, ergo de dar de alta en el RETA, cuando el pensionista realice trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el salario mínimo interprofesional, en cómputo anual.
Cabe esperar que se termine incluyendo en la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo un umbral o  límite de ingresos para considerar cuando es habitual y cuando no el trabajo del autónomo.

  1. Cotización a tiempo parcial. Una vez más, queda pendiente de estudio y de implantación la posibilidad de que el trabajador autónomo pueda cotizar a tiempo parcial. Esta situación queda en suspenso hasta el 1 de enero de 2019.

Estas son las principales y más interesantes novedades planteadas por la Proposición de Ley. Habrá que ver cómo evoluciona la propuesta y que enmiendas se proponen. Estaremos atentos, y les iremos informando de su tramitación y posibles cambios.

Nuevos incentivos para el emprendedor: La futura Ley de trabajadores autónomos 2018 (parte I)

¿Sabia Vd?....
La Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo se encuentra actualmente en el Senado, donde estará como fecha límite hasta el 31 de octubre para su tramitación, previo paso por el periodo de enmiendas a la Ley. Como criterio general, su entrada en vigor será el día siguiente de su publicación en el BOE., si bien hay algunas medidas que entran en vigor en el 2018 como la nueva regulación de recargo por ingreso fuera de plazo, medidas de fomento y del trabajo autónomo, beneficios en la cotización para personas con discapacidad, violencia de género y víctimas de terrorismo, medidas para clarificar la fiscalidad de los trabajadores autónomos, modificación del reglamento sobre inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, etc…

Como ya le hemos ido informando en otros comunicados, la Proposición de Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo que se aprobó en el Congreso el pasado 29 de junio, se encuentra actualmente en el Senado donde estará como fecha límite hasta el 31 de octubre para su tramitación, previo paso por el periodo de enmiendas a la Ley. Como criterio general, su entrada en vigor será el día siguiente de su publicación en el BOE, si bien hay algunas medidas que entran en vigor en el 2018 como la nueva regulación de recargo por ingreso fuera de plazo, medidas de fomento y del trabajo autónomo, beneficios en la cotización para personas con discapacidad, violencia de género y víctimas de terrorismo, medidas para clarificar la fiscalidad de los trabajadores autónomos, modificación del reglamento sobre inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, etc…

La Proposición de Ley trata de modificar algunos aspectos que regulan el trabajo autónomo incorporando nuevas medidas que afectan a la regulación de Seguridad Social (recargos, bonificaciones, etc.), cotización (elección de bases, cotización parcial, etc.), protección social (accidente in itinere), medidas que afectan al IRPF (deducibilidad de gastos de la actividad) y conciliación de la vida familiar principalmente.

A continuación vamos a analizar las medidas más significativas que todo emprendedor autónomo debe conocer.

A. NOVEDADES EN MATERIA DE COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL

1.    Nuevo régimen de recargos por ingresos fuera de plazo: En caso que el obligado hubiera cumplido sus obligaciones de transmisión o presentación de liquidación de cuotas con respecto a su personal, el recargo pasará a ser de un 10% (en lugar del 20% actual) si se abona dentro del mes siguiente al vencimiento de su ingreso. Superado ese plazo pasará a ser del 20% (sigue como antes). Esta medida busca no penalizar al autónomo cuando existe voluntad de pago y no demorar la deuda.

2.    Cotización en supuestos de pluriactividad: Aquellos trabajadores autónomos que estén cotizando en régimen de pluriactividad, tendrán derecho a la devolución del 50% del exceso en que sus cotizaciones superen la cuantía que se establezca, anualmente, en la LPGE, con el tope del 50% de las cuotas ingresadas en el RETA por contingencia común. La devolución se practicará antes del 1 de mayo del ejercicio siguiente. La novedad es que ahora, dicho beneficio, queda incorporado, expresamente, en la Ley General de la Seguridad Social, a diferencia de antes que se establecía anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE).
3.    Tarifa plana para los autónomos que emprendan o reemprendan una actividad por cuenta propia: Los trabajadores por cuenta propia o autónomos, sin discapacidad o con discapacidad igual o superior al 33%, las víctimas de violencia de género y/o terrorismo, que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores (actualmente 5 años), a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, tendrán derecho a:

·         Una reducción en la cotización por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, que quedará fijada en la cuantía de 50 euros mensuales durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta (actualmente 6 meses de duración), en el caso de que opten por cotizar por la base mínima que les corresponda.
·         Alternativamente, aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos que, cumpliendo los requisitos previstos en el párrafo anterior, optasen por una base de cotización superior a la mínima que les corresponda, podrán aplicarse durante los 12 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, una reducción del 80 por ciento sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal.
·         Con posterioridad al periodo inicial de 12 meses previsto en los dos párrafos anteriores, y con independencia de la base de cotización elegida, podrán aplicarse, durante 12 meses más, las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes:
§  Una reducción equivalente al 50 por ciento de la cuota durante los 6 meses.
§  Una reducción equivalente al 30 por ciento de la cuota durante los 3 meses siguientes a la anterior reducción.
§  Una bonificación equivalente al 30 por ciento de la cuota durante los 3 meses siguientes a la anterior reducción.
§  En caso de discapacitados o víctimas de violencia domésticas o terrorismo, un 50% durante 48 meses.
·         En el supuesto de que los trabajadores por cuenta propia sean menores de 30 años, o menores de 35 años en el caso de mujeres, podrán aplicarse, además de las reducciones y bonificaciones anteriores, una bonificación adicional equivalente al 30 por ciento, sobre la cuota por contingencias comunes, en los 12 meses siguientes a la finalización del periodo de bonificación, hasta completar un máximo de 36 meses entre todas las bonificaciones y reducciones.
·         En caso de reemprender una actividad por cuenta propia, si el autónomo, menor de 30/35 o no, hubiera disfrutado de los anteriores beneficios en su anterior periodo de alta, el periodo de baja exigido para poder beneficiarse de los nuevos beneficios será de 3 años (en lugar de los 2 previstos con carácter general).

4.    Bonificaciones de cuotas de Seguridad Social en situaciones de descanso por maternidad, paternidad, adopción, guarda, acogimiento o riesgo durante el embarazo o la lactancia natural: Se mantiene la bonificación del 100% de la cuota de autónomos (hombres o mujeres), a aplicar sobre la base media de los últimos doce meses, encontrando la novedad en que se amplía la edad del menor que puede dar este derecho, pasando de los actuales 7 años a los 12 años. La bonificación será compatible también con la bonificación que corresponda al trabajador que lo sustituya en su caso mediante un contrato de interinidad (100% de todas las cuotas).

5.    Nueva bonificación de cuotas a las trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo tras el cese de la actividad por maternidad, adopción, guarda, acogimiento y tutela: las autónomas que se reincorporen tras alguna de esa situación, dentro de los dos años siguientes al cese, tendrán derecho a una bonificación de la cuota de contingencias comunes (incluida IT) que quedará fijada en 50 euros/mes durante un periodo de no más de 12 meses siguientes a la reincorporación (cuando opten por cotizar por la base mínima) o de un 80% sobre la cuota por contingencias comunes (sobre base mínima con IT) en caso de optar por una base superior a la mínima.

6.    Bonificación por la contratación de familiares del trabajador autónomo: Se incorpora una nueva bonificación del 100% de la base de cotización por contingencias comunes, durante 12 meses, por la contratación indefinida de familiares (cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado). Como de costumbre se vincula la bonificación a que el autónomo cumpla 2 requisitos:

·         Mantenga el nivel de empleo alcanzado con la contratación en los 6 meses posteriores (no se tendrán en cuenta los despidos que no hayan sido declarados improcedentes, ni las dimisiones, fin del contrato por expiración del tiempo o finalización de la obra o servicio, la no superación del periodo de prueba, muerte o incapacidad del trabajador).
·         No haya extinguido contratos por causas objetivas o despidos disciplinarios reconocidos o declarados judicialmente improcedentes en los 12 meses anteriores a la contratación.

7.    Bonificación de familiares colaboradores. A la ya existente bonificación por el alta en la actividad de familiares colaboradores, ahora se clarifica como posible destinatario de la bonificación a la pareja de hecho (siempre que esta no esté casada con otra persona), con quien conviva el autónomo de manera estable durante al menos 5 años. La situación se acreditará mediante certificado de empadronamiento o documento público de constitución de la pareja.

8.    Base mínima de cotización para autónomos que empleen a 10 o más trabajadores por cuenta ajena. La novedad se presenta en que la base mínima se determinará en la LPGE (actualmente se aplica la mínima para el Grupo 1 de cotización del Régimen General), también para los autónomos societarios.

9.    Cambio de bases durante el año. Está previsto que los autónomos podrán cambiar de base de cotización hasta 4 veces al año (el día primero de abril, julio, octubre y enero). En la actualidad se permiten 2 cambios al año.

B. NOVEDADES EN MATERIA DE AFILIACIÓN, ALTA/BAJA EN EL RETA Y CONTRATACIÓN

  1. Afiliación, altas y bajas desde el día en que se inicie la actividad. Una de las reivindicaciones del sector durante muchos años ha sido la cotización por días naturales en lugar de por meses completos. En consecuencia, la reforma prevé que la afiliación y hasta tres altas /bajas dentro de cada año natural tendrán efectos desde el día en que concurran los requisitos y condiciones determinantes de la inclusión al RETA o cese de la actividad respectivamente.
  2. Contratación por cuenta ajena de hijos mayores de 30 años. Se añade, a las ya existentes, una nueva posibilidad de contratación por cuenta ajena que afecta a los hijos del autónomo cuando éstos tengan más de 30 años. De esta manera, el autónomo también podrá contratar, en Régimen general, a los mayores de 30 años con una discapacidad física o sensorial igual o superior al 33% e inferior al 65% siempre que estos causen alta por primera vez en el sistema.

Nuevos plazos de declaraciones informativas

¿Sabia Vd?....
Hacienda tiene previsto el adelanto (desde febrero a enero) de los plazos para presentar determinadas declaraciones informativas, como los modelos 184 (comunidades de bienes y otras entidades en régimen de atribución) y 347 (de operaciones con terceros que superen anualmente 3.005 euros), y que serán de aplicación por primera vez para las declaraciones anuales correspondientes a 2017, que se presentan en 2018.

En la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública, se ha publicado un Proyecto de Orden que establece modificaciones en determinadas declaraciones informativas, como los modelos 184 (comunidades de bienes y otras entidades en régimen de atribución) y 347 (de operaciones con terceros que superen anualmente 3.005 euros), que entrarán en vigor y serán de aplicación por primera vez para las declaraciones anuales correspondientes a 2017, que se presentan en 2018.

La principal novedad consiste en adelantar un mes, desde febrero a enero, el plazo de presentación de los modelos 184 y 347.

Principales modificaciones

Modelo 190. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta

La primera de las modificaciones afecta al contenido del modelo 190 al suprimir la excepción a la obligación de inclusión en él de las becas exentas cuya cuantía fuera inferior a 3.000 euros anuales. Nos estamos refiriendo a las becas públicas, las concedidas por las entidades sin fines lucrativos y por fundaciones bancarias percibidas para cursar estudios reglados, tanto en España como en el extranjero, en todos los niveles y grados del sistema educativo. También a las concedidas para la investigación.

Estas cantidades debían incluirse en el modelo 347, siempre que no estuvieran incluidas en otras declaraciones específicas, como el 190; es decir siempre que su cuantía fuera inferior a 3.000 euros, ya que si era superior, estaban incluidas en el 190.

La razón de ser de que deban también incluirse en el modelo 190 es precisamente para evitar problemas por la imputación de datos fiscales a sus perceptores ya que en el modelo 347 no se pueden reflejar como exentas.

Por otra parte, se aprueba un nuevo modelo 190, adaptado a las últimas modificaciones normativas y que sustituya al anterior, así como los diseños de este modelo.

Modelo 171. Declaración informativa anual de imposiciones, disposiciones de fondos y de los cobros de cualquier documento

Se anticipan los plazos de presentación del modelo 171, pasando a ser el plazo de presentación el comprendido entre el 1 y el 31 del mes de enero de cada año, referido al año anterior, cuando ante los era en el mes de marzo.

Modelo 184. Declaración informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas

El plazo de presentación de este modelo pasa a ser el comprendido entre el día 1 y el 31 del mes de enero de cada año en relación con las rentas obtenidas en el año natural anterior, cuando antes era en el mes de febrero.

Modelo 345. Declaración anual que deben presentar las entidades gestoras de fondos de pensiones, los promotores de planes de pensiones y las entidades acogidas a sistemas alternativos de cobertura de prestaciones análogas a las de los planes de pensiones y mutualidades de previsión social

La presentación de este modelo se ha de realizar en el plazo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de cada año, en relación con las operaciones que correspondan al año natural anterior. Antes, el plazo era antes de los 30 primeros días naturales del mes de enero y cuando la declaración fuera en soporte directamente legible por ordenador, en el plazo comprendido entre el 1 de enero y el 20 de febrero.

Modelo 347. Declaración anual de operaciones con terceras personas

Se adelanta la presentación de este modelo. El plazo pasa a ser el comprendido entre el día 1 y el 31 del mes de enero de cada año, respecto a las operaciones del año anterior. Antes era el mes de febrero.
  

¿Sabia Vd?....PLAZOS PARA RECLAMAR POR DEFECTOS EN MERCANCÍAS


 Toda empresa debe tener muy presente los plazos para denunciar correctamente defectos en mercancías entregadas por sus proveedores, dado que son muy breves y exigentes. Lo primero de todo que cabe decir es que estas compraventas, al ser entre empresas, tienen carácter mercantil y, por lo tanto, están reguladas en el Código de Comercio. Al ser ambas partes comerciantes, no se aplica la normativa protectora de los consumidores y usuarios.

 El Código de Comercio regula las compraventas mercantiles en los artículos 325 y siguientes. Entre ellos merece destacar el Artículo 345 que obliga al vendedor a responder por los vicios o deficiencias detectadas en el objeto del contrato, lo que se conoce con el nombre de saneamiento. Ahora bien, como el Código de Comercio no incluye una explícita regulación sobre el saneamiento en caso de la concurrencia de vicios ocultos, la doctrina y la jurisprudencia consideran de aplicación, lo dispuesto en los artículos 1485 a 1490 del Código Civil sobre el saneamiento de los vicios ocultos. 

Estos artículos, como veremos a continuación, fijan unos requisitos muy estrictos, sobre todo por lo que se refiere a los plazos para denunciar los vicios y, en su caso, para reclamar judicialmente. Las operaciones comerciales entre empresas, sean compraventas o suministros, están sujetas a unos plazos para la reclamación de defectos muy estrictos. Por último, cabe destacar que esta regulación no es imperativa y las partes pueden insertar cláusulas de garantía. 

¿CUÁLES SON LOS PLAZOS PARA DENUNCIAR LOS DEFECTOS? El código de Comercio distingue los vicios aparentes de aquellos que no lo son, fijando en uno y otro caso, plazos diferentes: 

1. VICIOS APARENTES: Si los defectos pueden apreciarse al examinar las mercancías, el comprador dispone de un plazo muy breve, 4 días desde la entrega. 

2. VICIOS OCULTOS: Si los defectos son vicios ocultos que aparecen posteriormente, el comprador dispone de un plazo de 30 días desde que el defecto puede ser reconocido. La existencia de un vicio oculto corresponderá probarla a la parte que lo alega

 ¿Y LOS PLAZOS PARA RECLAMAR JUDICIALMENTE? Una vez denunciado el defecto de la mercancía, dentro de los plazos que hemos indicado, el comprador debe iniciar una acción judicial contra el vendedor, en un plazo máximo de 6 meses desde la entrega, transcurrido el cual pierde su derecho a hacerlo. Este plazo de 6 meses es lo que técnicamente se llama de “caducidad” que supone que no se interrumpe por ninguna reclamación extrajudicial o negociación entre ambas partes. El no hacer las reclamaciones dentro de esos plazos acarrea gravísimas consecuencias ya que se perderá cualquier derecho a hacerlo en un futuro. 

  ¿QUÉ SE PUEDE PEDIR? Las acciones que puede ejercitar el comprador en estos casos de vicios o defectos ocultos de las mercancías, son las llamadas “acciones edicilias” previstas en el art. 1486 del Código civil, que comprende dos tipos: - La actio quanti minoris: tiene por objeto obtener una reducción del precio de venta proporcional a la entidad de los defectos localizados; - La acción de reintegración que implica la rescisión de la venta con la consiguiente restitución a las partes de las prestaciones realizadas recíprocamente. La reclamación judicial puede ir dirigida a rescindir la venta, que supondrá la devolución del dinero pagado; o bien a conseguir una reducción del precio proporcional a la entidad de dichos defectos.

 ¿QUÉ HACER SI SE NOS PASAN LOS PLAZOS? Si se nos pasan los plazos para reclamar por vicios ocultos, se puede intentar reclamar por incumplimiento contractual, en cuyo caso el plazo aplicable no es el de caducidad de 6 meses previsto en el art. 1490 del Código Civil, sino el plazo general de 5 años del artículo 1964 de este mismo cuerpo legal. Ahora bien, para que prospere esta reclamación por incumplimiento contractual, en el caso de vicios o defectos ocultos de las mercancías, será preciso probar que el objeto de la venta presenta características sustancialmente distintas a las pactadas por las partes contratantes. Lo que la jurisprudencia ha denominado como prestación de cosa distinta. Debido al rigor de los plazos para reclamar por vicios o defectos ocultos, la jurisprudencia se muestra flexible en la interpretación de esta doctrina del incumplimiento contractual, permitiendo su aplicación a aquellos supuestos en los que, realmente no se trata de una cosa distinta a la pactada, pero los vicios o defectos que tienen son tan sustanciales que la hacen inservible para el uso o destino convenido. 

A modo de conclusión: El cumplimiento de todos los requisitos necesarios para reclamar el saneamiento por evicción en la venta de mercancías, hace muy difícil que estas reclamaciones prosperen y que pueda obtenerse una indemnización. Por ello, en la práctica, este tipo de disputas no se llevan por la vía de los vicios de la mercancía, sino que se alega una entrega diferente a la pactada, a través del artículo 1124 del Código Civil.

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