CONTRATOS CON LOS CONSUMIDORES HAY QUE CAMBIAR LAS CLAUSULAS

Sabia Vd.
Obligaciones de información  al consumidor de forma previa a la celebración del contrato
Desde el pasado 13 de junio de 2014, todas las empresas que contraten directamente con consumidores y usuarios están obligadas a introducir modificaciones en las condiciones legales de todos los contratos que suscriban con aquéllos como consecuencia de la modificación de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios,  introducida por la Ley 3/2014. Por lo tanto, desde esta fecha, tenga presente que se amplían y refuerzan los elementos sobre los que es necesario informar al consumidor, de forma previa a la celebración del contrato, como son: el precio total incluidos impuestos y tasas, el medio de pago, el plazo y la forma de entrega, la existencia y condiciones de las garantías legales y comerciales, los servicios postventa, el derecho de desistimiento, etc.
Estimado/a cliente/a:
Como ya les informamos en su día, la Ley 3/2014, de 27 de marzo, modificó  la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, estableciendo un régimen transitorio de adaptación para que fuera de aplicación a los contratos con consumidores y usuarios celebrados a partir de 13 de junio de 2014.

Entre otras modificaciones importantes, los contratos celebrados con consumidores y usuarios deben ajustarse a los requisitos de información precontractual que establece la Ley 3/2014.

Pese a que la Ley 3/2014, de 27 de marzo, está en vigor desde el pasado día 29 de marzo, sus disposiciones solo son de aplicación a los contratos celebrados con posterioridad al día 13 de junio.

¿Qué información se debe facilitar al consumidor?

La reforma de la Ley impone al empresario la obligación de facilitar al consumidor, de manera previa al establecimiento de la relación, la información relevante, veraz y suficiente sobre las características principales del contrato, en particular, sobre sus condiciones jurídicas y económicas.

Entre las obligaciones de información precontractual relevante que asumen los empresarios, gratuita y, al menos en castellano, están:

Ø  Las características principales de los bienes o servicios.
Ø  La identidad del empresario, teléfono y, en su caso, del empresario por cuya cuenta actúe.
Ø  El precio total, incluidos todos los impuestos y tasas. Si no puede calcularse razonablemente de antemano o está sujeto a presupuesto, la forma en que se determina el precio así como todos los gastos adicionales de transporte, entrega o postales.
Ø  Los procedimientos de pago, entrega y ejecución y la fecha de entrega o ejecución.
Ø  Recordatorio de la existencia de una garantía legal de conformidad para los bienes, la existencia y las condiciones de los servicios posventa y las garantías comerciales.
Ø  La duración del contrato, o, si el contrato es de duración indeterminada o se prolonga de forma automática, las condiciones de resolución.
Ø  La lengua o lenguas en las que podrá formalizarse el contrato
Ø  La existencia del derecho de desistimiento si lo hay, el plazo y la forma de ejercitarlo.
Ø  El procedimiento para atender las reclamaciones y, en su caso, la información sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos.

Principales alertas a tener en cuenta en los contratos con usuarios o consumidores:
  • Se impone al empresario la obligación de que, antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato u oferta, aquel deberá obtener su consentimiento expreso para todo pago adicional a la remuneración acordada para la obligación contractual principal y si el empresario no ha obtenido el consentimiento expreso, pero lo ha deducido utilizando opciones por defecto que el consumidor y usuario debe rechazar para evitar el pago adicional, éste tendrá derecho al reembolso de dicho pago.

  • Si el cliente tiene que pagar alguna cantidad adicional al precio del servicio o producto solicitado, debe manifestar de forma expresa que está de acuerdo, sin que se puedan utilizar opciones que por defecto deba rechazar para evitar el pago adicional.

  • En toda información, incluida la publicidad, se informará del precio total, desglosando, en su caso, el importe de los incrementos o descuentos que sean de aplicación, de los gastos que se repercutan y de los gastos adicionales por servicios accesorios, financiación o utilización de distintos medios de pago.

  • Respecto a los medios de pago, se prohíbe a los empresarios el cobro de cargos que excedan del coste soportado por éstos por el uso de tales medios de pago.

  • Recordatorio de la existencia de una garantía legal de conformidad para los bienes, la existencia y las condiciones de los servicios posventa y las garantías comerciales.

  • La duración del contrato, o, si el contrato es de duración indeterminada o se prolonga de forma automática, las condiciones de resolución.

  • En caso de que el usuario incumpla el compromiso de permanencia adquirido con la empresa, la penalización por baja o cese prematuro de la relación contractual será proporcional al número de días no efectivos del compromiso de permanencia acordado.

  • La nueva normativa obliga a informar, en su caso, de la existencia y contenido de los compromisos de permanencia, así como de las penalizaciones que existan en caso de baja anticipada en los contratos de duración indeterminada o que se prolonguen de forma automática.

  • Cuando los contratos con los consumidores y usuarios contengan cláusulas no negociadas individualmente (por ejemplo, las condiciones generales de contratación), para que éstas puedan considerarse legibles, deberán tener un tamaño de al menos un milímetro y medio y con un contraste con el fondo que no haga dificultosa su lectura.

  • Para que se considere legible el tamaño de la letra del contrato no ha de ser inferior al milímetro y medio y ha de tener el suficiente contraste con el fondo para no dificultar la lectura.

  • Si el empresario no hubiera cumplido con el deber de información y documentación sobre el derecho de desistimiento, el plazo para su ejercicio finalizará en 12 meses (en el régimen anterior, 3 meses) desde la fecha de expiración del periodo de desistimiento inicial, a contar desde que se entregó el bien contratado o se hubiera celebrado el contrato, si el objeto de éste fuera la prestación de servicios.

  • De no informar al consumidor sobre su derecho de desistimiento, el plazo para ejercitarlo se ampliará hasta doce meses después de la fecha de expiración del periodo inicial (14 días).

  • No serán vinculantes para los consumidores los convenios arbitrales suscritos con un empresario antes de surgir el conflicto. La suscripción de dicho convenio tendrá para el empresario la consideración de aceptación del arbitraje para la solución de las controversias derivadas de la relación jurídica a la que se refiera, siempre que el acuerdo de sometimiento reúna los requisitos exigidos por las normas aplicables.

  • Los empresarios adheridos a un sistema extrajudicial de resolución de conflictos, deberán indicar en las ofertas comerciales que presenten de forma detallada sus servicios, el sistema extrajudicial de resolución de conflictos que ofrecen a los consumidores y usuarios, el modo de obtener información sobre sus características y la forma de acceder a dicho sistema extrajudicial.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.


Un cordial saludo,

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS CAMBIOS EN EL IMPORTE DEL ALQUILER A PARTIR DEL 1/1/2015

Sabia Vd.

El fin de los contratos de renta antigua y el futuro del comercio

El próximo 31 de diciembre de 2014 perderán la vigencia todos los alquileres de locales comerciales pactados antes de la entrada en vigor del decreto, excepto en los casos en los que al frente del negocio siga el titular original o su cónyuge | Pero si no se da este caso, serán muchos los comerciantes afectados en el incremento del precio del alquiler, que oscila entre el 200% y el 400%, lo cual puede llevar al cierre de negocios y al despido de de trabajadores.
Los contratos de renta antigua firmados antes de 1985 son los perjudicados puesto que se cumplen veinte años de una prórroga que tuvo lugar en una posterior Ley de Arrendamientos Urbanos, aprobada en 1994.
¿A quién afecta este cambio en los precios del alquiler? A los descendientes de los titulares originales del contrato o bien a una empresa. A pesar de los problemas que conllevará este cambio, una buena parte de los comerciantes afectados han podido gestionar nuevos contratos, gracias a la buena disposición de los arrendadores.
Es lógico, prefieren cobrar todos los meses una cantidad segura, que aumentar el precio y que la otra parte opte por marcharse. Al menos el local se mantendrá ocupado y generará un beneficio para ambos.
Pero no todos los comerciantes lo van a tener fácil, y si no existe la posibilidad de negociar el precio del nuevo alquiler, el sector del pequeño comercio lo pasará todavía peor, ya que la recuperación económica resulta todavía muy débil.
Tanto los sindicatos como los representantes de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de diversas Comunidades Autónomas reivindican por conseguir una nueva moratoria en los contratos de renta antigua y lograr el máximo de acuerdos para no tener que cerrar un gran número de comercios en 2015.
No es el momento apropiado para que se incrementen los gastos en el comercio de proximidad, por una razón más que obvia, son ya muchos los frentes abiertos como para hacer frente a un pago que superaría con creces los ingresos. Con estos obstáculos el comercio minorista no podrá remontar el vuelo.

Los tres sistemas actuales para acceder a la jubilación anticipada

Sabia Vd.

Los tres sistemas actuales para acceder a la jubilación anticipada

Todavía es posible anticipar el cobro de la pensión siempre que haya sido despedido antes de abril de 2013 o cuando la relación laboral se acabe por un ERE o por causas objetivas.
No todo el mundo puede jubilarse anticipadamente. Este verano varios miles de ciudadanos han visto cómo se han rechazado sus solicitudes de jubilación, al tener suscrito un convenio especial e interpretarse que estaban dados de alta. Es decir, no se les podía aplicar la antigua ley con la que se podían jubilar a los 61, sino a los 63. Al final, Empleo ha dado marcha atrás y todos estos ciudadanos podrán jubilarse anticipadamente, aunque tengan suscrito un convenio especial, siempre que cumplan con el resto de requisitos. En estos momentos rigen tres sistemas para cobrar antes de los 65. «Es un proceso laberíntico que depende casi de cada cotizante y no se puede generalizar», afirma Manuel Álvarez, director de Particulares Vida y Pensiones de Caser.
Jubilación antigua a los 61 años. Hay un grupo de cotizantes que todavía se pueden beneficiar del régimen de jubilaciones anticipadas (hasta cuatro años antes de la jubilación ordinaria) que estaba vigente hasta diciembre de 2012. Se seguirá aplicando la legislación anterior siempre que se trate de personas que hayan sido despedidas (ya sea de forma improcedente, procedente, por ERE, etc.) antes del 1 de abril de 2013 y no vuelvan a darse de alta en el sistema. Eso sí, deberán acceder a la jubilación anticipada antes del 1 de enero de 2019. Por eso, y siempre que cumplan los requisitos mínimos de cotización, serán los nacidos hasta 1957 quienes puedan jubilarse anticipadamente con las normas del antiguo sistema. Por ejemplo, este año pueden acceder a esta modalidad quienes nacieran en 1953 y hayan cotizado más de 30 años, por cumplir en este ejercicio los 61. Pero, por ejemplo, quienes nacieran en 1958 y tuvieran que jubilarse de forma ordinaria a los 65 (en 2023), si optasen por anticiparse cuatro años, ya habrán superado la fecha límite del 1 de enero de 2019 que impone la ley para acogerse al antiguo sistema. Por tanto, deberán acceder a la jubilación anticipada por alguna de las otras dos vías que indica la ley.
Nueva jubilación a los 61 años. Independientemente de su edad, es la fecha de la extinción de su contrato de trabajo la que marca la posibilidad de acogerse a la antigua o a la nueva jubilación anticipada. Si su despido ha sido posterior al 1 de abril de 2013, sigue pudiéndolo hacer a los 61 (cuatro años antes de la edad legal), pero solo quienes hayan sido despedidos «por causas objetivas, es decir, técnicas, organizativas, de producción o económicas, o a través de un ERE», recuerda Gloria Villar, senior associate de Mercer.

¿PUEDO ESTAR JUBILADO Y TRABAJAR?

Sabia Vd.

¿Es compatible la jubilación y la realización de un trabajo por cuenta ajena?


La normativa laboral permite al trabajador compatibilizar su pensión de jubilación con un trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.


Regla general

El disfrute de la pensión de jubilación total es incompatible con todo trabajo del pensionista por cuenta propia o ajena que dé lugar a su inclusión en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, con trabajos para cualquiera de las Administraciones públicas así como con la actividad desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados, si aquella determina su inclusión en un régimen del sistema. En caso de reincorporación a la vida laboral a jornada completa la prestación queda suspendida y las nuevas cotizaciones mejorarán la pensión, aumentando el porcentaje a aplicar a la base reguladora en función de los años de cotización y reducirán los coeficientes reductores de los supuestos de acceso anticipado a la pensión de jubilación.

Por tanto, conforme a lo estipulado en la normativa de Seguridad Social, la pensión de jubilación, como norma general, es incompatible con la realización de cualquier trabajo del pensionista, por cuenta ajena o propia, que dé lugar a su inclusión en el Régimen General o en alguno de los Regímenes Especiales.

Salvedades

No obstante, existen ciertas salvedades previstas legalmente, especialmente a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, y que prevén la compatibilidad de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista.

Así, el percibo de la pensión de jubilación será compatible con:

  • La realización de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen el salario mínimo interprofesional (SMI), en cómputo anual. Si realizan estas actividades económicas no estarán obligados a cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social. Estas actividades no generarán nuevos derechos sobre prestaciones.
  • La realización de un trabajo a tiempo parcial minorándose la cuantía de la pensión en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable.
  • La realización de una actividad, sea por cuenta ajena o por cuenta propia, siempre que se acceda a la pensión de jubilación una vez cumplida la edad que corresponda en cada caso, sin tener en cuenta bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran corresponder.

Compatibilidad entre la pensión de jubilación y el trabajo a partir del 17-03-2013 (jubilación activa establecida por RDL 5/2013)

El disfrute de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, es compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista, en los siguientes términos:

  • El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la edad que en cada caso resulte de aplicación, sin que, a tales efectos, sean admisibles jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilación que pudieran ser de aplicación al interesado.

  • El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión causada ha de alcanzar el 100% (es decir, sin tener coeficientes reductores). Lo que significa que tiene que haber cotizado por lo menos 35 años.

  • El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial.

  • Cotización: Durante la realización del trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, los empresarios y los trabajadores cotizarán a la Seguridad Social únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, si bien quedarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 8%, no computable para las prestaciones, que en los regímenes de trabajadores por cuenta ajena se distribuirá entre empresario y trabajador, corriendo a cargo del empresario el 6% y del trabajador el 2%.

  •  Cuantía de la pensión: Será equivalente al 50% del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública o del que se esté percibiendo en el momento de inicio de compatibilidad con el trabajo, excluido en todo caso, el complemento por mínimos cualquiera que sea la jornada laboral o la actividad que realice el pensionista. La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos. No obstante, en tanto se mantenga el trabajo compatible el importe de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se reducirán en un 50%.  El pensionista no tendrá derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo.

  • Requisitos de la empresa: Para poder contratar a un empleado que compatibilice la pensión de jubilación con el trabajo, la empresa no podrá haber efectuado despidos improcedentes de ese mismo grupo profesional en los seis meses anteriores a la contratación.  Asimismo, mientras el contrato esté vigente, deberá mantener el nivel de empleo existente antes de la contratación (a estos efectos, no computarán los despidos procedentes, las finalizaciones de contrato temporal o las bajas voluntarias).


Jubilación flexible

A pesar de la nueva regulación de la jubilación activa que ya hemos comentado, si el jubilado no cobra una jubilación que alcanza los 35 años, es decir, que esté percibiendo el 100% de la base reguladora, o bien no cumple algunos de los requisitos indicados anteriormente, podrá acudir a la denominada jubilación flexible, que es la derivada de la posibilidad de compatibilizar, una vez causada la pensión de jubilación con un contrato a tiempo parcial, dentro de los límites de jornada a que se refiere el artículo 12.6 del E.T., con la consecuente minoración de aquélla en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista, en relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable.

A partir del 17-03-2013, el límite de reducción de jornada se sitúa entre un mínimo del 25% y un máximo del 50%. Consecuentemente, el jubilado debe realizar una jornada entre el 75% y el 50% de la jornada a tiempo completo.  Si como se ha dicho, el pensionista no ha llegado al 100% de su base reguladora, las cotizaciones efectuadas en la actividad realizada, durante la suspensión parcial del percibo de la pensión de jubilación surtirán efectos para la mejora de la pensión una vez producido el cese en el trabajo, por lo que las cotizaciones del contrato a tiempo parcial serán las aplicables legalmente.

Es posible compatibilizar el cobro de una pensión de jubilación con la realización de un trabajo por cuenta ajena. En caso de que se acceda a la situación de jubilación flexible, las cotizaciones efectuadas repercutirán en la pensión definitiva.



PORQUE SABER QUE TRATA CON EXPERTOS, LE DA TRANQUILIDAD

INVITACIÓN CONFERENCIA ¿ESTAMOS ANTE LA SALIDA DE LA CRISIS O ES UN CAMBIO DE ÉPOCA?

Sabia Vd.

Estimado amigo si estas interesado, puedes contactar con Patricia en su correo patricia@forgal.es y realizar la reserva ya que el numero de plazas es limitado dado el aforo del Salón de Actos.

?QUE PASA SI EL TRABAJADOR PAGA EL MÓVIL QUE USA PARA TRABAJAR Y LA EMPRESA SE LO COMPENSA?

Sabia Vd.

Te pago los gastos del móvil

Para reducir costes, usted va a eliminar los móviles de empresa de sus comerciales. Así, únicamente les compensará por el uso profesional que realicen de su móvil personal. ¿Qué implicaciones comporta este cambio?
Está pasando. Algunas empresas están eliminando los móviles de sus trabajadores para reducir costes, y se limitan a reintegrarles las llamadas profesionales realizadas con el móvil privado. Si usted implanta esta medida en su empresa, ¿qué implicaciones tendrá este cambio?

Impuestos

Es gasto para la empresa. Pues bien, el gasto en que incurra su empresa para compensar a sus trabajadores por el uso profesional que realicen de su móvil personal será fiscalmente deducible en el Impuesto sobre Sociedades. Apunte. Eso sí, deberá justificar que las cuantías abonadas se corresponden con las llamadas profesionales:
  • Solicite a sus empleados que cada mes le pasen una nota de gastos con el importe de las llamadas profesionales, adjuntando fotocopia de su factura de móvil. Apunte. Para evitar reticencias y salvaguardar la privacidad de sus trabajadores, sugiérales que tachen las llamadas privadas.
  • Si algún trabajador tiene tarifa fija, aplique sobre el total de la factura el porcentaje que supongan las llamadas realizadas durante la jornada laboral. Así, si el total de la factura son 50 euros y aparecen en ella 30 llamadas de las cuales sólo 20 corresponden a tareas de la empresa (el 66,66%), abónele 33,33 euros.
No es ingreso. Respecto al trabajador, las cuantías que reciba por este concepto no tendrán la consideración de rendimiento del trabajo. Al tratarse del reembolso de unos gastos en los que ha incurrido como consecuencia de su actividad laboral, no deberá incluirlas en su IRPF (igual que ocurre, por ejemplo, con las dietas).

Justificación

Implantación. La implantación de esta operativa, sin embargo, supondrá una carga de trabajo adicional, tanto para sus empleados (que se verán obligados a controlar e incorporar los costes de teléfono en las notas de gastos,) como para su empresa (que deberá reintegrar diferentes importes a cada uno de los afectados).
A tanto alzado. Para evitar este trabajo adicional, algunas empresas abonan una cantidad fija a los trabajadores que necesitan teléfono móvil (por ejemplo, 30 euros al mes), sin pedirles que adjunten copia de su factura ni que justifiquen que realmente han gastado esa cantidad en llamadas profesionales. ¡Atención! Eso sí, los empleados se comprometen a guardar las facturas del móvil y a facilitarlas (con las llamadas profesionales desglosadas) si la empresa recibe una inspección o un requerimiento de Hacienda.
Inspección. Si usted actúa de esta forma y recibe una inspección, Hacienda le pedirá los justificantes de las sumas abonadas:
  • Si no los puede aportar, se considerará que dichas sumas son una retribución más de sus trabajadores, y el inspector le exigirá que ingrese la retención no practicada, con sanciones e intereses.
  • Si sus trabajadores le facilitan las facturas, la “reconstrucción” de las llamadas profesionales permitirá justificar la mayoría de las cantidades satisfechas (por ejemplo, de los 360 euros fijos abonados cada año, quizá se justifiquen 315, o 300). Apunte. En este caso, Hacienda sólo podrá exigir retenciones por las diferencias, por lo que el riesgo fiscal será mínimo y usted habrá evitado una carga de trabajo importante.
Si sus empleados utilizan su móvil particular para llamadas profesionales y usted les abona el coste de éstas, podrá deducirse igualmente el gasto. Además, sus trabajadores no tributarán en su IRPF.

QUE COTIZA Y QUE NO, SEGUN LA MODIFICACIÓN DEL ARTICULO 23 DEL RG DE COTIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN SS

Sabia Vd.
Aprobado el desarrollo de las nuevas reglas de determinación de los conceptos que integran las bases de cotización
El pasado 27 de julio entró en vigor el Real Decreto 637/2014 por el se modifica el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, en el que se concreta el alcance tanto de los conceptos retributivos que constituyen la base de cotización en dicho régimen como de aquellos otros que no se computan en ella. El plazo para regularizar sin recargo los nuevos conceptos cotizables correspondientes al período de diciembre de 2013 a julio de 2014 se extiende hasta el 30 de septiembre de 2014.
Estimado/a cliente/a:
En el BOE del día 26 de julio de 2014, se ha publicado el Real Decreto 637/2014, de 25 de julio, por el que se modifica el artículo 23 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social.

La norma tiene por objeto armonizar y adaptar el desarrollo reglamentario de las reglas de determinación de la base de cotización al Régimen General, a la regulación legal vigente sobre la materia, contenida en el artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS) , tras las últimas modificaciones legales por los Reales Decretos-leyes 20/2012, de 13 de julio, y 16/2013, de 20 de diciembre, con el objeto de actualizar las reglas para el cómputo de la base de cotización a fin de integrar en ella conceptos retributivos cuya exclusión no resultaba ya justificada y de mejorar al mismo tiempo la información a facilitar por las empresas sobre tales conceptos, 

Atención. La fecha de entrada en vigor de esta norma es el 27 de julio de 2014, si bien el plazo para regularizar sin recargo los nuevos conceptos cotizables correspondientes al período de diciembre de 2013 a julio de 2014 se extiende hasta el 30 de septiembre de 2014.

Nuevos conceptos cotizables introducidos por el RD 637/2014

La base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del Régimen General, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional, estará constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado, o la que efectivamente perciba de ser ésta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena. Las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearán a lo largo de los doce meses del año.
El Real Decreto 637/2014 introduce expresamente los siguientes conceptos como percepciones dinerarias computables en la base de cotización:

a) El importe total de los “vales o cheques de cualquier tipo”.

b) El importe de las acciones o participaciones entregadas por los empresarios a sus trabajadores, a valorar en el momento en que se acuerda su concesión de acuerdo con los artículos 15 y 16 de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio.

c) El importe de las primas o cuotas satisfechas por los empresarios a entidades aseguradores para la cobertura de sus trabajadores, contribuciones satisfechas a planes de pensiones y mejoras de las prestaciones de Seguridad Social concedidas por las empresas (a excepción de las concedidas para complemento de incapacidad temporal).

Criterios de valoración de las percepciones en especie

A efectos de valorar el importe de las percepciones en especie para su inclusión en la base de cotización, el RD 637/2014 aporta un criterio general de valoración, consistente en el coste medio que suponga para el empresario la entrega del bien, derecho o servicio objeto de percepción, entendiendo este coste como el resultado de dividir los costes totales que suponga para la empresa la entrega de un bien, derecho o servicio directamente imputables a dicha retribución, entre el número de perceptores potenciales de dicho bien, derecho o servicio.

Sin perjuicio de lo anterior, el RD 637/2014 aporta un criterio específico cuando se trate de:

  • La prestación del servicio de educación a los hijos de los empleados, en las etapas de infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional por centros educativos autorizados; el resto de servicios educativos prestados por los centros autorizados en la atención, cuidado y acompañamiento de los alumnos; la prestación por medios propios del empresario del servicio de guardería para los hijos de sus empleados. Dicho criterio específico es el coste marginal que suponga para la empresa la prestación del servicio, entendido como el incremento del coste total directamente imputable a la prestación que suponga para el centro educativo un servicio de educación para un alumno adicional del tipo de enseñanza que corresponda.

  • El uso de una vivienda, propiedad o no del empresario, o la utilización o entrega de vehículos automóviles se ha de valorar en los términos previstos en el artículo 43 de la Ley del IRPF:

a) En el caso de utilización de una vivienda que sea propiedad del pagador, el 10 por ciento del valor catastral.

En el caso de inmuebles localizados en municipios en los que los valores catastrales hayan sido revisados o modificados, o determinados mediante un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, de conformidad con la normativa catastral, y hayan entrado en vigor a partir del 1 de enero de 1994, el 5 por ciento del valor catastral.

Si a la fecha de devengo del impuesto los inmuebles carecieran de valor catastral o éste no hubiera sido notificado al titular, se tomará como base de imputación de los mismos el 50 por ciento de aquél por el que deban computarse a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio. En estos casos, el porcentaje será del 5 por ciento.

La valoración resultante no podrá exceder del 10 por ciento de las restantes contraprestaciones del trabajo.

b) En el caso de la utilización o entrega de vehículos automóviles:

En el supuesto de entrega, el coste de adquisición para el pagador, incluidos los tributos que graven la operación.

En el supuesto de uso, el 20 por ciento anual del coste a que se refiere el párrafo anterior. En caso de que el vehículo no sea propiedad del pagador, dicho porcentaje se aplicará sobre el valor de mercado que correspondería al vehículo si fuese nuevo.

En el supuesto de uso y posterior entrega, la valoración de esta última se efectuará teniendo en cuenta la valoración resultante del uso anterior.

Conceptos excluidos de la base de cotización

La nueva redacción del artículo 23 del Reglamento de cotización establece, acorde con el vigente artículo 109 de la LGSS, un listado de conceptos excluidos de la base de cotización, que quedan restringidos a los siguientes:

  • Quedan excluidos de la base de cotización los gastos de manutención y estancia, y locomoción, cuando correspondan a desplazamientos del trabajador fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto, en los términos y en las cuantías siguientes:

§  No se computarán las cantidades destinadas por el empresario a compensar los gastos normales de manutención y estancia en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería devengadas por gastos en municipio distinto del lugar del trabajo habitual del trabajador y del que constituya su residencia, cuando los mismos se hallen exceptuados de gravamen conforme a los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 9.A) del Reglamento del IRPF[1].

Tampoco se computarán los gastos de manutención, abonados o compensados a trabajadores vinculados por relaciones laborales especiales, por desplazamientos fuera de la fábrica, taller, oficina o centro habitual de trabajo, para realizarlo en lugar distinto de este en diferente municipio, tanto si el empresario los satisface directamente como si resarce de ellos al trabajador, con los límites establecidos en el artículo 9.B) del Reglamento del IPRF[2].

§  Como gastos de locomoción no se computarán las cantidades destinadas por el empresario a compensar los gastos del trabajador por sus desplazamientos fuera de la fábrica, taller, oficina o centro habitual de trabajo, para realizarlo en lugar distinto del mismo o diferente municipio, tanto si el empresario los satisface directamente como si resarce al trabajador.

Estarán excluidos de la base de cotización: (i) en su totalidad cuando se utilicen medios de transporte público, siempre que se justifique mediante factura o documento equivalente y (ii) de utilizarse otros medios estarán excluidos en los términos establecidos en los apartados A).2, 4, 5 y 6 y B) del artículo 9 del Reglamento del IRPF.

Atención. El exceso sobre las cantidades señaladas en los mencionados apartados, se incluirá en la base de cotización a la Seguridad Social.

  • Respecto a las indemnizaciones por fallecimiento, traslados, suspensiones, despidos y ceses que superen los límites establecidos en el artículo 109.2.c) LGSS[3], el exceso se prorrateará a lo largo de los 12 meses anteriores a aquel en que tenga lugar la circunstancia que las motive.
  • Las prestaciones de la Seguridad Social y las mejoras de las prestaciones por incapacidad temporal concedidas por las empresas.

  • Las asignaciones destinadas a satisfacer gastos de estudios del trabajador dispuestos por instituciones, empresarios o empleadores y financiados directamente por ellos para la actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.

  • Las horas extraordinarias, salvo en la base de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y sin perjuicio de la cotización adicional por tal concepto en los términos establecidos en el artículo 24 del Reglamento de cotización


Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.


Un cordial saludo,



[1] Artículo 9 A) apartados 3, 4, 5 y 6 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

“3. Asignaciones para gastos de manutención y estancia. Se exceptúan de gravamen las cantidades destinadas por la empresa a compensar los gastos normales de manutención y estancia en restaurantes, hoteles y demás establecimientos de hostelería, devengadas por gastos en municipio distinto del lugar del trabajo habitual del perceptor y del que constituya su residencia.

Salvo en los casos previstos en la letra b) siguiente, cuando se trate de desplazamiento y permanencia por un período continuado superior a nueve meses, no se exceptuarán de gravamen dichas asignaciones. A estos efectos, no se descontará el tiempo de vacaciones, enfermedad u otras circunstancias que no impliquen alteración del destino.

a) Se considerará como asignaciones para gastos normales de manutención y estancia en hoteles, restaurantes y demás establecimientos de hostelería, exclusivamente las siguientes:

1.º Cuando se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del que constituya la residencia del perceptor, las siguientes:

Por gastos de estancia, los importes que se justifiquen. En el caso de conductores de vehículos dedicados al transporte de mercancías por carretera, no precisarán justificación en cuanto a su importe los gastos de estancia que no excedan de 15 euros diarios, si se producen por desplazamiento dentro del territorio español, o de 25 euros diarios, si corresponden a desplazamientos a territorio extranjero.

Por gastos de manutención, 53,34 euros diarios, si corresponden a desplazamiento dentro del territorio español, o 91,35 euros diarios, si corresponden a desplazamientos a territorio extranjero.

2.º Cuando no se haya pernoctado en municipio distinto del lugar de trabajo habitual y del que constituya la residencia del perceptor, las asignaciones para gastos de manutención que no excedan de 26,67 ó 48,08 euros diarios, según se trate de desplazamiento dentro del territorio español o al extranjero, respectivamente.

En el caso del personal de vuelo de las compañías aéreas, se considerarán como asignaciones para gastos normales de manutención las cuantías que no excedan de 36,06 euros diarios, si corresponden a desplazamiento dentro del territorio español, o 66,11 euros diarios si corresponden a desplazamiento a territorio extranjero. Si en un mismo día se produjeran ambas circunstancias, la cuantía aplicable será la que corresponda según el mayor número de vuelos realizados.

A los efectos indicados en los párrafos anteriores, el pagador deberá acreditar el día y lugar del desplazamiento, así  como su razón o motivo.

b) Tendrán la consideración de dieta exceptuada de gravamen las siguientes cantidades:

1.º El exceso que perciban los funcionarios públicos españoles con destino en el extranjero sobre las retribuciones totales que obtendrían en el supuesto de hallarse destinados en España, como consecuencia de la aplicación de los módulos y de la percepción de las indemnizaciones previstas en los artículos 4, 5 y 6 del Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, por el que se regula el régimen de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero, y calculando dicho exceso en la forma prevista en dicho Real Decreto, y la indemnización prevista en el artículo 25.1 y 2 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

2.º El exceso que perciba el personal al servicio de la Administración del Estado con destino en el extranjero sobre las retribuciones totales que obtendría por sueldos, trienios, complementos o incentivos, en el supuesto de hallarse destinado en España. A estos efectos, el órgano competente en materia retributiva acordará las equiparaciones retributivas que puedan corresponder a dicho personal si estuviese destinado en España.

3.º El exceso percibido por los funcionarios y el personal al servicio de otras Administraciones Públicas, en la medida que tengan la misma finalidad que los contemplados en los artículos 4, 5 y 6 del Real Decreto 6/1995, de 13 de enero, por el que se regula el régimen de retribuciones de los funcionarios destinados en el extranjero o no exceda de las equiparaciones retributivas, respectivamente.

4.º El exceso que perciban los empleados de empresas, con destino en el extranjero, sobre las retribuciones totales que obtendrían por sueldos, jornales, antigüedad, pagas extraordinarias, incluso la de beneficios, ayuda familiar o cualquier otro concepto, por razón de cargo, empleo, categoría o profesión en el supuesto de hallarse destinados en España.

Lo previsto en esta letra será incompatible con la exención prevista en el artículo 6 de este Reglamento.

4. El régimen previsto en los apartados anteriores será también aplicable a las asignaciones para gastos de locomoción, manutención y estancia que perciban los trabajadores contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes, siempre que aquellas asignaciones correspondan a desplazamientos a municipio distinto del que constituya la residencia habitual del trabajador.
5. Las cuantías exceptuadas de gravamen en este artículo serán susceptibles de revisión por el Ministro de Economía y
Hacienda, en la proporción en que se revisen las dietas de los funcionarios públicos.
6. Las asignaciones para gastos de locomoción, manutención y estancia que excedan de los límites previstos en este artículo estarán sujetas a gravamen

[1] Artículo 9 B) Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

“Reglas especiales:

1. Cuando los gastos de locomoción y manutención no les sean resarcidos específicamente por las empresas a quienes presten sus servicios, los contribuyentes que obtengan rendimientos del trabajo que se deriven de relaciones laborales especiales de carácter dependiente podrán minorar sus ingresos, para la determinación de sus rendimientos netos, en las siguientes cantidades, siempre que justifiquen la realidad de sus desplazamientos:

a) Por gastos de locomoción:

Cuando se utilicen medios de transporte público, el importe del gasto que se justifique mediante factura o documento equivalente.
En otro caso, la cantidad que resulte de computar 0,19 euros por kilómetro recorrido, más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen.

b) Por gastos de manutención, los importes de 26,67 ó 48,08 euros diarios, según se trate de desplazamiento dentro del territorio español o al extranjero.

A estos efectos, los gastos de estancia deberán estar en todo caso resarcidos por la empresa y se regirán por lo previsto en la letra a) del apartado 3 de la letra A de este artículo.

2. Estarán exceptuadas de gravamen las cantidades que se abonen al contribuyente con motivo del traslado de puesto de trabajo a municipio distinto, siempre que dicho traslado exija el cambio de residencia y correspondan, exclusivamente, a gastos de locomoción y manutención del contribuyente y de sus familiares durante el traslado y a gastos de traslado de su mobiliario y enseres.

3. Estarán exceptuadas de gravamen las cantidades percibidas por los candidatos a jurado y por los jurados titulares y suplentes como consecuencia del cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 385/1996, de 1 de marzo, por el que se establece el régimen retributivo e indemnizatorio del desempeño de las funciones del jurado, así como las percibidas por los miembros de las Mesas Electorales de acuerdo con lo establecido en la Orden Ministerial de 3 de abril de 1991, por la que se establece el importe de las dietas de los miembros de las Mesas Electorales.”
[1] Art. 109.2 c) LGSS

“Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados y suspensiones estarán exentas de cotización hasta la cuantía máxima prevista en norma sectorial o convenio colectivo aplicable.

Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador estarán exentas, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.

Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación, estarán exentas las indemnizaciones por despido que no excedan de la que hubiera correspondido en el caso de que éste hubiera sido declarado improcedente, y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, en los supuestos de despido o cese como consecuencia de despidos colectivos, tramitados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley del Estatuto de los trabajadores, o producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo 52 de la citada Ley, siempre que en ambos casos se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente.”

NUEVO SISTEMA DE BAJAS POR ENFERMEDAD DE TRABAJADORES DESDE 1/9/2014

Sabia Vd.
Las claves para entender el nuevo sistema de bajas por enfermedad a partir del 1 de septiembre
Los partes de baja y de confirmación de baja se extenderán en función del periodo de duración que estime el médico que los emite. La Seguridad Social pondrá a disposición de los médicos una guía con tablas de duración óptima y de grado de incidencia de las distintas patologías susceptibles de generar incapacidades temporales. El trabajador tiene 3 días para entregar los partes de baja y confirmación a la empresa. Si durante el período de baja médica se produjese la finalización del contrato de trabajo, el trabajador vendrá obligado a presentar dicha baja o parte ante la entidad gestora o mutua, en el mismo plazo de 3 días. En el caso de altas médicas, el plazo que tendrá el trabajador para entregar dicha alta a la empresa o entidad gestora, según sea el caso, será de únicamente 24 horas desde la fecha de emisión.
Estimado/a cliente/a:
Como ya le hemos venido informando, en el BOE del día 21 de julio de 2014 se ha publicado el  Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración, disposición que sustituye y deroga las disposiciones reglamentarias que venían regulando estos aspectos, con los objetivos de establecer una nueva forma de expedición de los partes médicos de baja, confirmación de la baja y alta.

Ahora les queremos resumir algunas de las claves de estas modificaciones en la gestión y control de las bajas por enfermedad, que entrarán en vigor el próximo día 1 de septiembre de 2014.

¿Quién será responsable de dar la baja y el alta?

En todos los casos, el médico del servicio público de salud encargado del caso. Eso sí, la Seguridad Social pondrá a disposición de los médicos una guía con tablas de duración óptima y de grado de incidencia de las distintas patologías susceptibles de generar incapacidades.

Los partes de baja y de confirmación de baja se extenderán en función del periodo de duración que estime el médico que los emite, teniendo en cuenta lo siguiente respecto de los días naturales de baja:

  • Hasta 5 días de baja, se podrá expedir el parte de baja y de alta en la misma visita médica. El facultativo emitirá el parte de baja y de alta en el mismo acto médico, aunque el paciente puede pedir el reconocimiento médico en esos días para extender el tiempo de baja.

  • Entre 5 y 30 días de baja: la primera revisión no podrá exceder en más de 7 días a la fecha de la baja inicial. De haber parte de confirmación, el siguiente se podrá dar hasta 14 días después como máximo desde el primer informe.

  • Entre 31 y 60 días de baja: la primera revisión no podrá ser posterior a los 7 primeros días naturales de la misma, y si fuese necesario, los sucesivos partes no podrán alargarse en el tiempo en más de 28 días.

  • En procesos de duración estimada de 61 días o más: se emitirá el parte de baja y el parte de confirmación en un plazo no superior a 14 días, los sucesivos partes de confirmación no podrán emitirse con una diferencia de más de 35 días entre si.

Siempre que se produzca una modificación o actualización del diagnóstico, se emitirá un parte de confirmación que recogerá la duración estimada por el médico que lo emite, emitiéndose los siguientes partes en función a la nueva duración estimada.

Atención. En el caso de que la causa de la baja médica sea un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y el trabajador preste servicios en una empresa asociada a una mutua para la gestión de la prestación por tales contingencias, los correspondientes partes de baja, de confirmación de la baja, o de alta, serán expedidos por los servicios médicos de la propia mutua.

El servicio público de salud, el Instituto Social de la Marina (ISM) o las mutuas, que hayan emitido un parte de baja, podrán instar, motivadamente, ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la revisión de la consideración inicial de la contingencia.

Por otra parte, el facultativo de la mutua que considerara que la patología es de carácter común, y no tienen su origen en causa profesional o motivada por accidente de trabajo, podrá remitir al trabajador al servicio público de salud para su tratamiento, acompañando los informes que justifiquen su decisión. Si el servicio público de salud, a la vista de la motivación e informes del facultativo de la mutua, expide un parte de baja al trabajador por enfermedad común, ello no obstará a que el beneficiario puede formular reclamación a la consideración otorgada a las contingencias ante el INSS.

Partes de alta médica

Los partes de alta médica en los procesos derivados de contingencias comunes se emitirán, tras el reconocimiento del trabajador, por el correspondiente facultativo del servicio público de salud. En todo caso, deberán contener la causa de alta médica, el código de diagnóstico definitivo y la fecha de la baja inicial.

Asimismo, los partes de alta médica podrán también ser extendidos por los inspectores médicos del servicio público de salud, del INSS o, en su caso, del ISM, tras el reconocimiento médico del trabajador afectado.

El alta médica extinguirá el proceso de IT del trabajador con efectos del día siguiente al de su emisión, sin perjuicio de que el referido servicio público, en su caso, siga prestando al trabajador la asistencia sanitaria que considere conveniente. El alta médica determinará la obligación de que el trabajador se reincorpore a su puesto de trabajo el mismo día en que produzca sus efectos.

¿Puede una mutua darme el alta?

No, pero podrán influir en la decisión. En los procesos de IT derivados de contingencias comunes cuya cobertura corresponda a una mutua, cuando ésta considere que el trabajador pueda no estar impedido para el trabajo, podrá formular, a través de los médicos adscritos a ella, propuestas motivadas de alta médica a las unidades de la inspección médica. El plazo máximo para pronunciarse sobre la propuesta de alta es de 5 días desde la recepción de la propuesta de alta (transitoriamente, hasta el día 1 de marzo de 2015, el plazo será de 11 días).

En el caso de que la inspección médica del correspondiente servicio público de salud no reciba contestación de los facultativos o de los servicios médicos, o en caso de discrepar de la misma, podrá acordar el alta médica, efectiva e inmediata. En todo caso, la inspección comunicará a la mutua, dentro del plazo de los 5 días siguientes a la fecha de recepción de la propuesta de alta (transitoriamente hasta el 1 de marzo de 2015, 11 días) la actuación realizada junto con los informes que el facultativo hubiera remitido.

Cuando la propuesta de alta formulada por una mutua no fuese resuelta y notificada en el plazo de 5 días (hasta el día 1 de marzo de 2015, 11 días), la mutua podrá solicitar el alta al INSS o al ISM que resolverá en el plazo de 4 días siguientes a su recepción (hasta el día 1 de marzo de 2015, el plazo será de 8 días).

Por su parte, en los procesos originados por contingencias profesionales, el parte médico de alta se expedirá por el facultativo o inspector médico del servicio público de salud, por el inspector médico del INSS o ISM o, en su caso, por el médico dependiente de la mutua.

Las mutuas podrán proponer el alta médica, pero deberá ser el médico del servicio público de salud el que se pronuncie, o bien confirmando la baja o bien acordando el alta, en un máximo de 5 días. Si en este plazo no existe contestación del facultativo o hay discrepancia, la mutua podrá solicitar el alta al INSS, que deberá pronunciarse en el plazo de 4 días.

¿Qué papeles tengo que hacer?

El facultativo que expida los partes médicos de baja, confirmación y alta entregará al trabajador 2 copias del mismo, una para el interesado y otra con destino a la empresa.

Obligaciones del trabajador:

  • En el plazo de 3 días contados a partir del mismo día de la expedición de los partes médicos de baja y de confirmación de la baja, el trabajador entregará a la empresa la copia destinada a ella. No obstante, si durante el período de baja médica se produjese la finalización del contrato de trabajo, el trabajador vendrá obligado a presentar ante la entidad gestora o la mutua, según corresponda, en el mismo plazo de 3 días fijado para la empresa, las copias de los partes de confirmación de la baja.

  • En el caso de altas médicas, el plazo que tendrá el trabajador para entregar dicha alta a la empresa o entidad gestora, según sea el caso, será de únicamente 24 horas desde la fecha de emisión.  

Obligaciones de la empresa:

  • Las empresas deberán remitir al INSS el documento de baja, confirmación o alta en el plazo máximo de 3 días desde su recepción.

El incumplimiento de la citada obligación podrá constituir, en su caso, una infracción de las tipificadas en el artículo 21.6 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

 La no remisión de los partes médicos al INSS, podrá dar lugar a que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a propuesta de la entidad gestora o de la mutua, deje en suspenso la colaboración obligatoria de la empresa en el pago delegado de las prestaciones económicas por IT.
Atención. El servicio público de salud o, en su caso, la mutua, remitirán los partes médicos de baja, confirmación y alta, al INSS, por vía telemática, de manera inmediata, y, en todo caso, en el primer día hábil siguiente al de su expedición.

¿Qué pasa si no acudo a un reconocimiento médico?
El INSS o, en su caso, el ISM, podrá disponer que los trabajadores que se encuentren en situación de IT sean reconocidos por los inspectores médicos de dichas entidades gestoras. Igual facultad corresponderá a las mutuas, respecto de los beneficiarios de la prestación económica por IT derivada de contingencias comunes incluido en su ámbito de gestión, para que sean reconocidos por los médicos dependientes de las mismas.
La citación a reconocimiento médico habrá de comunicarse al trabajador con una antelación mínima de 4 días hábiles. En dicha citación se le informará de que en caso de no acudir al reconocimiento, se procederá a suspender cautelarmente la prestación económica, y que si la falta de personación no queda justificada en el plazo de 10 días hábiles siguientes a la fecha fijada para el reconocimiento, se procederá a la extinción del derecho al subsidio.
No obstante, si el trabajador justificara, antes de la fecha fijada para el reconocimiento médico o en ese mismo día, las razones que le impiden comparecer al mismo, la entidad gestora o mutua, podrá fijar una fecha posterior para su realización, comunicándolo al interesado con la antelación mínima ya indicada.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,


JUBILACIÓN ANTICIPADA A LOS 61 (CAMBIO CRITERIO DEL GOBIERNO)

Sabia Vd.

El Gobierno rectifica y permite la jubilación anticipada a los 61 año 


El Gobierno ha corregido esta semana el criterio que denegaba la jubilación anticipada de aquí a 2019 a unos 30.000 trabajadores despedidos antes de abril de 2013 que esperaban retirarse a los 61 años con 30 años cotizados y que forman parte del único colectivo que todavía se puede jubilar en esas condiciones.

Desde 2013 la ley obliga a tener más edad y más años cotizados para acceder a una jubilación anticipada, tanto si se llega a ella por causas forzosas como si se busca voluntariamente. Sin embargo, constituyen una excepción a la norma vigente todos aquellos despedidos antes del 1 de abril de 2013, siempre que después no hayan vuelto a estar incluidos en ningún régimen de la Seguridad Social. También aquellos que vayan a ser despedidos antes del 1 de enero de 2019 a través de un ERE, acuerdo de empresa o procedimiento concursal suscrito o declarado antes del 1 de abril de 2013.

Al margen de este colectivo, en la actualidad se exigen 61 años y dos meses de edad más 33 años cotizados a la Seguridad Social para acceder a una jubilación anticipada forzosa en caso de despido, que se elevan a 63 años y dos meses más 35 años cotizados si la jubilación es por voluntad del trabajador. Además, el porcentaje de reducción que se aplica a la pensión anual llega al 7,5 % si el retiro anticipado es obligado y hasta el 8 % si es voluntario. La edad se va retrasando cada año en virtud del régimen transitorio establecido en la reforma de las pensiones acordada por el Gobierno socialista y los agentes sociales en 2011, que eleva progresivamente la edad ordinaria de jubilación desde 65 años y un mes en 2013 hasta 67 años en 2027.

De esta forma, la edad para la jubilación anticipada forzosa siempre será cuatro años inferior a la edad ordinaria de jubilación (63 años cuando se llegue a 67), mientras que a la voluntaria se podrá acceder sólo dos años antes. En marzo de 2013, el Ejecutivo endureció el acceso a la jubilación anticipada y a la parcial para contribuir a la sostenibilidad del sistema de pensiones y acercar la edad real de retiro a la edad legal, que en este tiempo ha subido de 63,9 a 64,3 años. Desde entonces, jubilarse antes de tiempo hace necesario tener más edad y más años de cotización a la Seguridad Social, y supone quedarse con una pensión menor, puesto que los coeficientes de reducción son mayores.

Como consecuencia de la norma, en 2013 se redujeron el 6,5 % las jubilaciones anticipadas y aumentó un 10,3 % el número de trabajadores que se retiraron a la edad legal. Sin embargo, se mantenía la salvedad que permitía a los trabajadores menores de 55 años despedidos antes del 1 de abril de 2013 mantener las condiciones de la jubilación anticipada de la legislación previa, siempre que llegaran a 61 años antes del 1 de enero de 2019. Algunos de ellos tenían suscritos convenios especiales individuales con la Seguridad Social por los que seguían pagando de su bolsillo la cotización hasta cumplir 61 años.

Alrededor de 1.400 personas en esta situación que iban a jubilarse vieron con sorpresa este verano cómo se modificaba el criterio interpretativo de la ley, si bien la Seguridad Social ha dado marcha atrás al darse cuenta de que el cambio de criterio no estaba acorde con el espíritu de la norma y vulneraba el principio de confianza legítima de quienes ya tenían un acuerdo firmado.

(La Vanguardia, 06-09-2014)

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