La tributación de los alquileres turísticos

¿Sabia Vd?....La tributación de los alquileres turísticos
ACTIVIDAD DE ALQUILER DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS
Se considera arrendamiento para uso distinto de vivienda, aquel arrendamiento que, recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial uno distinto que el de satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.
Por tanto, cuando se produzca la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa se tratará de un alquiler turístico, que se someterá a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial, según establece el art.5 e) de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
En los últimos años se viene produciendo un aumento cada vez más significativo del uso del alojamiento privado para el turismo que es lo que se denomina alquiler turístico y hay que diferenciarlo de los servicios que presta la industria hotelera.
La Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA) pone como ejemplos de “servicios complementarios propios de la industria hotelera” los de restaurante, limpieza, lavado de ropa u otros análogos (art 20.uno.23º. b.’ LIVA). En este sentido, los servicios de hospedaje se caracterizan por extender la atención a los clientes más allá de la mera puesta a disposición de un inmueble o parte del mismo. Es decir, la actividad de hospedaje se caracteriza, a diferencia de la actividad de alquiler de viviendas, porque normalmente comprende la prestación de una serie de servicios tales como recepción y atención permanente y continuada al cliente en un espacio destinado al efecto, limpieza periódica del inmueble y el alojamiento, cambio periódico de ropa de cama y baño, y puesta a disposición del cliente de otros servicios (lavandería, custodia de maletas, prensa, reservas etc.), y, a veces, prestación de servicios de alimentación y restauración.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES

Normativa interna
Conforme a la normativa interna, Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la renta de no Residentes (LIRNR), se consideran renta obtenida en territorio español los rendimientos derivados, directa o indirectamente, de bienes inmuebles situados en territorio español o de derechos relativos a los mismos.
Convenio
Los Convenios para evitar la doble imposición suscritos por España atribuyen potestad para gravar las rentas de los bienes inmuebles al Estado donde están situados los mismos. De acuerdo con los Convenios, las rentas de bienes inmuebles pueden someterse a imposición en el Estado de situación de los mismos, tanto si derivan de la utilización o disfrute directo como del arrendamiento o cualquier otra forma de explotación de los mismos. Por tanto, las rentas derivadas de bienes inmuebles situados en España pueden ser gravadas conforme a la Ley española.
Tributación
La forma de tributación será diferente dependiendo de si el arrendamiento del inmueble sito en España constituye o no una actividad económica. Si no constituye actividad económica sería calificado como rendimiento de capital inmobiliario.
El tipo de gravamen aplicable es el general, vigente según el año de devengo (ver cuadro).
Año de devengo
2011
2012-2014
2015
2016 y siguientes
Residentes UE, Islandia y Noruega
Resto de contribuyentes
Tipo impositivo
24%
24,75%
Hasta 11-07:
20%
Desde 12-07:
19,50%
24%
Residentes UE, Islandia y Noruega: 19%
Resto de contribuyentes: 24%

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

Desde 2018 se establece una nueva obligación de suministro de información relativo a las cesiones de viviendas con fines turísticos a través del modelo 179, que deben presentar las personas o entidades que intermedien en la cesión de uso de viviendas con fines turísticos (ya sean analógicos o digitales); y, en particular, las denominadas “plataformas colaborativas” que intermedien en dichas cesiones.
IMPORTANTE: Esta nueva obligación de información tendrá pleno efecto en la campaña de la declaración de Renta 2018, a presentar en 2019, sin perjuicio de la obligación de declarar las rentas percibidas por la cesión de estas viviendas con fines turísticos en el ejercicio en que se devenguen, al igual que el resto de rendimientos de capital inmobiliario.

ALQUILER TURÍSTICO
SI SE PRESTAN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PROPIOS INDUSTRIA HOTELERA (limpieza, lavandería, restauración, etc.)   
IAE
GRUPO 685: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EXTRAHOTELEROS

IRPF
RENDIMIENTOS ACTIVIDAD ECONÓMICA

IVA
SUJETO Y NO EXENTO 10%

ITP
NO SUJETO

IRNR
RENDIMIENTO ACTIVIDAD ECONÓMICA OBTENIDO MEDIANTE EP

D. INFORMATIVAS
MODELO 179: A PRESENTAR POR LOS INTERMEDIARIOS (EN PARTICULAR, POR PLATAFORMAS COLABORATIVAS)

SI NO SE PRESTAN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PROPIOS INDUSTRIA HOTELERA (sólo alquiler)     
IAE
EPÍGRAFE 861.1: ALQUILER DE VIVIENDAS

IRPF
RENDIMIENTOS CAPITAL INMOBILIARIO (sin reducción)

IVA
EXENTO

ITP
Tarifa fijada por la CC.AA. En su defecto escala prevista en el art. 12.1 RDL 1/1993

IRNR
RENDIMIENTO DE CAPITAL INMOBILIARIO

D. INFORMATIVAS
MODELO 179: A PRESENTAR POR LOS INTERMEDIARIOS (EN PARTICULAR, POR PLATAFORMAS COLABORATIVAS)

La extinción del contrato de un empleado en prisión no es despido sino dimisión

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(Expansión, 01-06-2018)
El Tribunal Supremo equipara la inasistencia de un empleado a su puesto trabajador por haber ingresado en prisión con una dimisión tácita. Así, si la empresa decide extinguir su contrato de trabajo no tendrá la consideración de despido y, en consecuencia, no dará derecho a una indemnización, tal y como determina una reciente sentencia.
En ello no influye, como subraya el alto tribunal, el hecho de que el trabajador comunique a la compañía que va a ser encarcelado. "No cabe entender que por la mera notificación a la empresa se produce automáticamente la suspensión del contrato de trabajo hasta que se produzca la puesta en libertad", apunta.
En el caso enjuiciado, un juzgado de Primera Instancia declaró como improcedente el despido de un ciudadano que había faltado ocho meses a trabajar después de ser encarcelado por sentencia firme. La condena daba a elegir a la empresa entre reincorporarle o indemnizarle con 30.500 euros. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha revocó el pronunciamiento y absolvió a la compañía, resolución que fue recurrida ante el Supremo por el empleado.
El recurso de casación para la unificación de doctrina se apoya en una sentencia de junio de 2014 de la propia Sala de lo Social del Tribunal Supremo. En ese caso, se negó que la ausencia del trabajador encarcelado supusiera un abandono del puesto de trabajo porque había informado a la empresa de su ingreso en prisión. La resolución argumentó que dicha comunicación demostraba la voluntad de hacer partícipe a la sociedad de la causa su inasistencia.
En la sentencia actual el Supremo rectifica esa posición y rechaza este razonamiento alegando que la pervivencia de la relación de trabajo "no puede basarse en la mera notificación" del encarcelamiento si no va acompañada "de ninguna otra actuación que permita alcanzar razonablemente esa conclusión". Es decir, la simple comunicación "no basta para descartar la figura del abandono del puesto de trabajo".

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