Problemática de los avalistas frente a los préstamos o créditos por parte de una entidad bancaria

Sabia Vd....
Problemática de los avalistas frente a los préstamos o créditos por parte de una entidad bancaria
Actualmente la concesión de una póliza de crédito o de cualquier tipo de préstamo por parte de una entidad bancaria, sea hipotecario o personal, viene condicionada a que haya alguien con solvencia para el banco que garantice el cumplimiento de las obligaciones de pago del contrato de préstamo o póliza de crédito con la prestación de aval.
Estimado/a cliente/a:
Como ya sabrá, a la hora de solicitar un préstamo hipotecario o una póliza de crédito, las entidades de crédito o bancos suelen exigir también un aval personal (normalmente por parte de familiares del solicitante deudor principal) para tener así mayor garantía de que cobrará la deuda o prestamos, ya que se podrá dirigir contra el patrimonio del deudor, el inmueble hipotecado y el patrimonio del avalista.  Además, el banco suele exigir que el aval sea “solidario” y que el avalista renuncie a los beneficios de “excusión, división y orden” (a los que tiene derecho en virtud de lo establecidos en el Código Civil) para poder así reclamarle inmediatamente sin que previamente el deudor principal sea declarado insolvente ni se tenga que subastar el inmueble.

Pero debemos tener cuidado, porque la fianza o aval es fruto de un contrato, y por tanto de la voluntad libremente emitida por las partes, y debemos ser conscientes de sus consecuencias, cuando el deudor principal no paga y el banco hace saber al fiador o fiadores que responden con todos sus bienes presentes y futuros de una deuda ajena.

En la fianza se producen varias relaciones:

  1. La del deudor con el acreedor (que normalmente es un banco)
  2. La del banco con el fiador.
  3. La del fiador con el deudor

Problema de reclamación de deuda a los avalistas y cláusulas por las que se renuncia a sus derechos

El aval es un tipo de fianza, es decir, una garantía en el pago, que viene regulado en el Código Civil, por la cual se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste, con todos sus bienes y derechos, presentes y futuros. Así, en el caso de los préstamos hipotecarios, si quien recibe el préstamo incumple su obligación de devolverlo, el avalista se verá obligado a pagarlo en su lugar.

En el ámbito bancario es frecuente que el banco exija como condición para conceder un préstamo que otra persona avale o afiance su devolución: si considera que las garantías que presenta el prestatario no son suficientes para asegurarle que va a poder devolver el préstamo, quiere que haya otra persona solvente que se comprometa a hacerlo en caso de que el prestatario falle.

No obstante, debemos saber que la figura del avalista en el derecho civil goza, en principio, de una serie de derechos, como son los derechos de excusión y orden, en virtud de los cuales el avalista puede exigir al acreedor (en este caso el banco) la realización, en primer lugar, de los bienes del deudor principal del préstamo y, además, designar qué bienes de aquél deberán ser los que se vayan a ejecutar en caso de impago.

El régimen legal de la fianza que establece el Código Civil, consiste en que el acreedor sólo podrá exigir el pago al fiador una vez que haya reclamado al deudor principal y ya no encuentre bienes que poder embargarle; es decir, sólo podrá reclamar al fiador cuando el deudor principal resulte insolvente; esto es lo que se llama “beneficio de excusión”. Ahora bien, la normativa civil permite que el fiador renuncie a dicho beneficio o bien que se obligue solidariamente con el deudor principal, esto es, que asuma la deuda como propia, de tal forma que el acreedor pueda reclamar el pago indistintamente al prestatario o al fiador.

El beneficio de división, en el caso de varios fiadores si el banco reclama la deuda a un fiador, este podrá pedir al fiador la parte que proporcionalmente le corresponda, salvo que se haya pactado que todos los fiadores responderán solidariamente (cosa que también suele fijarse en las cláusulas bancarias).

Por otro lado, es asimismo muy común que los deudores hipotecarios, a lo largo de la vida de su contrato de préstamo acuerden o renegocien con los bancos titulares del crédito modificaciones de éste sin el consentimiento del avalista: tales como la ampliación del capital prestado, del plazo de devolución, etc.

Esa modificación o novación del contrato de préstamo sin la anuencia del avalista, conlleva a la aplicación del beneficio de extinción establecido en el  Código Civil, que dispone que "la prórroga concedida al deudor por el acreedor sin el consentimiento del fiador extingue la fianza", y, por esto, la responsabilidad del avalista ignorado en la novación acordada no será exigible cuando la modificación de las condiciones inicialmente pactadas afecten a la cuantía del préstamo, a su interés, o al plazo del contrato.

En la práctica, las entidades de crédito exigen la solidaridad de la fianza, por lo que el avalista se ve excluido de estos derechos de excusión, orden, división, y por tanto, puede ser requerido en el pago al mismo tiempo que el deudor principal, y no de forma subsidiaria como prevé el Código Civil.

Un ejemplo de dicha cláusula sería esta:

(…) “los afianzadores o garantizadores de la presente operación, por si y por su herederos, en su caso, responden del cumplimiento de todas las obligaciones contraídas por el prestatario en virtud de este contrato, y de las consecuencias de aquellas y de éste, relevan a la entidad X de toda obligación de notificación por falta de pago del deudor afianzado y renuncian expresamente a los beneficios de orden, excusión, división y al de extinción determinado por el artículo 1.851 del Código Civil que legalmente les pudiera asistir por su condición de fiadores. El aval aquí regulado estará sujeto a las mismas estipulaciones de la operación principal, en tanto en cuanto sean de aplicación”.

Atención. Si la fianza o aval otorgados es solidaria, conforme a la normativa del Código Civil, el acreedor (entidad bancaria, en este caso) puede dirigirse indistintamente frente al prestamista o los avalistas.

Por último, debemos tener presente que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor “con todos sus bienes, presentes y futuros”, es decir, tras el fallecimiento del avalista, serán los correspondientes herederos del causante quienes asuman dichas obligaciones.

¿Mejor hipoteca o fianza?

En el caso de persona que se hipoteca, se responde de la deuda garantizada sólo con el bien hipotecado, pero ni con más ni con menos bienes. En el segundo caso (fianza o aval), el avalista garantiza la deuda con todo su patrimonio presente y futuro, esto es, con su vivienda y todas las demás que tenga o pueda tener, lo que es mejor para el banco ya que puede embargarle la nómina o pensión sin tener que acudir al largo proceso judicial que suponen los  juicios ejecutivos hipotecarios. 

Lo que dicen los Tribunales

En los últimos tiempos estamos conociendo numerosas resoluciones judiciales, tanto a nivel local, como estatal e incluso europeo, incluso de oficio, que hacen referencia a la existencia de cláusulas abusivas de numerosos contratos celebrados con entidades bancarias.

Recientemente los tribunales están sentenciando que un aval de este tipo es nulo y no tiene efectos, en base a que el comprador o prestamista y el avalista son particulares, y por tanto se aplica la normativa de consumidores (Ley de Condiciones Generales de la Contratación y Ley de Protección de Consumidores y Usuarios) que considera abusivo imponer al consumidor garantías desproporcionadas (el banco ya tiene la garantía del patrimonio del deudor y de la propia finca), como por ejemplo, la sentencia de 02-10-2014 del Juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián por la que declara la nulidad del aval solidario que dos padres otorgaron en favor de sus hijos en un préstamo con garantía hipotecaria, sobre una vivienda que estos adquirieron, al considerar abusiva la renuncia a todos los derechos que les correspondían como fiadores.

Además, no se puede imponer al avalista que renuncie a los derechos que le otorga el Código Civil (los de excusión, división y orden), ya que cuando alguien firma como avalista lo hace confiado en que sólo responderá si el patrimonio del deudor y la finca hipotecada no cubren la deuda, pero no que responderá directamente.

Tradicionalmente se mantenía que el fiador seguía la condición del deudor principal, por lo que si el deudor o avalado era una empresa, el fiador no tenía la consideración de consumidor ni, por tanto, la protección de la Ley de Consumidores y Usuarios. Sin embargo, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2013 ha establecido unos criterios que sirven para discriminar cuando el fiador de una empresa es considerado como consumidor y cuando no. Según la mencionada resolución, la avalista no es consumidora cuando esa persona física tiene estrechos vínculos con la sociedad, bien por pertenecer a su órgano de administración o bien por tener una participación significativa en el accionariado. A contrario, cuando no se da esto se puede considerar como consumidora y, por ende, gozar de la protección que le otorgan las leyes.

La sentencia que hemos mencionado del Juzgado de lo Mercantil, considera que, para apreciar si una cláusula es abusiva, hay que utilizar los parámetros que dispone la ya mencionad Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2103. En la misma se señala que para determinar la abusividad de la cláusula hay que atender a la naturaleza de los bienes o servicios objeto del contrato, las circunstancias de su celebración, las normas aplicables en nuestro Derecho cuando no exista un acuerdo de las partes en ese sentido. Para ello, se debe hacer un análisis comparativo que ponga de manifiesto si se deja al consumidor en una situación jurídica "menos favorable".

Atención. Se produce una situación "menos favorable" cuando se renuncia a derechos de cualquier fiador sin negociación individualizada.

Ejecución hipotecaria contraria a la normativa europea: la llamada Ley “antidesahucios”

Hay que recordar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró que la normativa española no se ajustaba a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, entre otras razones porque no permitía al deudor hipotecario oponerse al procedimiento de ejecución alegando la existencia de una cláusula abusiva vinculada a su contrato de préstamos hipotecario.

De acuerdo con la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de marzo de 2103, se dio nueva redacción a la Ley de Enjuiciamiento Civil que permite a los avalistas de préstamos hipotecarios exigir que primero se agote el patrimonio del deudor principal antes de reclamar a los avalistas, y ello incluso aunque se hubiera renunciado a ese derecho.

En este sentido, la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, también llamada Ley Antidesahucios, aparte de la modificación antes comentada, ha permitido evitar la ejecución hipotecaria de avalistas que se encuentren en el umbral de exclusión.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.


Un cordial saludo,

NUEVO SISTEMA DE TRAMITACIÓN CON LA ADMINISTRACIONES SISTEMA CL@VE

Sabia Vd....
¿Qué es Cl@ve?
Cl@ve es un sistema de identificación, autenticación y firma electrónica común para toda la Administración General del Estado que permitirá al ciudadano acceder a todos los servicios electrónicos de las Administraciones Públicas a través de una plataforma común de identificación y autenticación mediante la utilización de claves concertadas previo registro como usuario en la misma, conforme a lo previsto en la letra c) del artículo 13.2 de la Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
Este nuevo sistema evita a las Administraciones Públicas tener que gestionar sus propios sistemas de identificación y firma, y a los ciudadanos verse obligados a utilizar métodos de identificación diferentes para relacionarse electrónicamente con la Administración.
Cl@ve contempla la utilización de sistemas de identificación basados en claves concertadas y certificados electrónicos (incluyendo el DNIe)
En cuanto a claves concertadas, el sistema admite dos posibilidades de uso:
  • Cl@ve ocasional (Cl@ve PIN), con validez limitada en el tiempo, que se corresponde al sistema PIN24H de la Agencia Tributaria.
  • Cl@ve permanente (Personal), con validez dilatada en el tiempo, que se corresponde con el sistema de acceso mediante usuario y contraseña, reforzado con claves de un solo uso por SMS, aplicable a los servicios de la Seguridad Social.
¿Cómo y dónde registrarse en Cl@ve?
Para utilizar los sistemas de identificación y autenticación incluidos en Cl@ve existirá un único registro, donde el ciudadano deberá registrarse en una sola ocasión.
El registro en Cl@ve podrá efectuarse :
  • Con certificado electrónico o DNIe
  • A través de Internet con carta invitación de la Agencia Tributaria donde figure el CSV
  • Presencialmente en cualquiera de las Oficinas de Registro, inicialmente en las oficinas de la Agencia Tributaria y en las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social
En el caso de la Agencia Tributaria:
A partir del 17 de noviembre de 2014 el sistema de PIN24H cambia su denominación por la de Cl@vePIN24H.
Los ciudadanos registrados previamente en el censo PIN24H podrán registrarse en el sistema Cl@ve cuando vayan a solicitar un PIN para la realización de un trámite en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria. Para ello, deberán aportar su número de teléfono móvil, una dirección de correo electrónico y su documento de identidad con mención de la fecha de caducidad, así como aceptar las condiciones de alta en el sistema Cl@ve.

Si por el contrario, el contribuyente no desea incorporarse de momento al sistema Cl@ve, podrá solicitar su PIN a los efectos de realizar trámites electrónicos exclusivamente con la Agencia Tributaria.

PENSIONES DEL EXTRANJERO OBLIGACIÓN A DECLARAR Y AMNISTÍA REFORMA FISCAL 2015

Sabia Vd....

Obligación de declarar las pensiones procedentes del extranjero: próxima “amnistía” para el 2015
Los contribuyentes que no hubieran declarado pensiones percibidas del extranjero que deberían haber declarado, pueden presentar declaraciones complementarias de IRPF de los ejercicios no prescritos (es decir, de los años 2010, 2011, 2012 y 2013) entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015, sin recargos, intereses de demora ni sanciones, de acuerdo con la reforma fiscal de la LIRPF prevista para 2015.
Estimado/a cliente/a:
Actualmente se encuentra en fase de aprobación parlamentaria el Proyecto de Ley de Reforma de la Ley 35/2006 del IRPF (LIRPF) esperándose que su aprobación se produzca antes de que finalice el año 2014.

Pues bien, dentro de las medidas que se incluye en el Proyecto de Ley de reforma del IRPF, se abrirá un periodo de seis meses para regularizar sin sanción las pensiones procedentes del extranjero, lo que viene a ser un “amnistía” en todo regla que afecta a residentes en España que cobran una pensión procedente del exterior, y que puede tratarse de pensionistas extranjeros residentes en España o pensionistas de nacionalidad española que han retornado a nuestro país tras haber sido emigrantes.

Por las características de estas personas, pensionistas de edad avanzada, que tienen mayor dificultad para conocer la legislación española por haber residido muchos años en el extranjero y que, en general, no tienen grandes fortunas, el Gobierno introduce como medida para estos colectivos un período extraordinario de regularización de 6 meses desde enero de 2015. En dicho plazo, los contribuyentes afectados podrán presentar autoliquidaciones complementarias de los periodos impositivos no prescritos en que hayan percibido pensiones del extranjero que no hayan sido declaradas.

Atención. Con esta medida sobre la “Regularización de deudas tributarias correspondientes a pensiones procedentes del extranjero y condonación de las sanciones, recargos e intereses liquidados por este concepto”,  y siempre que no se modifique su redacción antes de la definitiva publicación de la Ley en el BOE, introduce un periodo de gracia de 6 meses a partir del 01-01-2015 (fecha prevista para la entrada en vigor de la reforma del IRPF), que permitirá que todos aquellos residentes puedan regularizar su situación tributaria derivada de la percepción de pensiones del extranjero no declaradas en España.
  
En la norma se distinguen varios supuestos, como ahora veremos:

1. Se establece la posibilidad de regularizar la situación tributaria sin exigencia de recargos, intereses ni sanciones, mediante la presentación de autoliquidaciones complementarias, a los contribuyentes del IRPF que hubieran percibido pensiones procedentes del exterior sujetas a tributación por dicho impuesto y no hubieran declarado tales rendimientos en los períodos impositivos cuyo plazo de declaración en periodo voluntario hubiera concluido a la fecha de entrada en vigor de esta norma.

2. Asimismo, la norma establece una condonación rogada, de recargos, sanciones e intereses del IRPF, a todos aquellos contribuyentes que, hayan regularizado voluntariamente con carácter previo a la entrada en vigor de esta medida, o bien hayan sido objeto de comprobación por parte de los órganos de Gestión de la Agencia Tributaria, por este concepto. Ello implicará que los pensionistas que han recibido recientemente liquidaciones provisionales con sanciones  e intereses, podrán obtener la devolución de estos dos últimos conceptos previa solicitud a la Administración Tributaria correspondiente.

Residencia fiscal y pensión del exterior

En primer lugar, antes de proceder con la regularización voluntaria de las pensiones, el contribuyente deberá siempre: (i) identificar el país pagador de las mismas y su propia residencia fiscal; (ii) identificar motivo y origen de la pensión, y (iii) verificar la existencia de Convenio de Doble Imposición (CDI) entre el país pagador y España.

Si de acuerdo con la Ley 35/2006 del IRPF el pensionista se considerada contribuyente del IRPF, deberá tributar en España por su renta mundial, con independencia del lugar donde las rentas se hubiesen producido y cualquiera que sea la residencia del pagador, sin perjuicio de las particularidades que, para cada tipo de renta, se establezcan en los Convenios para evitar la Doble Imposición (CDI) que, en su caso, sean aplicables.

Así, si en aplicación de alguno de los criterios señalados en la Ley del IRPF, el consultante resultase ser residente fiscalmente en España y al mismo tiempo pudiera ser considerada residente en Francia, de acuerdo con su legislación interna, se produciría un conflicto de residencia entre los dos Estados. Este conflicto se resuelve por el propio Convenio entre el Reino de España y la República Francesa a fin de evitar la doble imposición y de prevenir la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, firmado en Madrid el 10 de octubre de 1995 (BOE de 12 de junio de 1997).

¿En qué Estado tributan las pensiones según los diferentes Convenios suscritos por España?

Las pensiones, entendidas como remuneraciones que tienen su causa en un empleo ejercido con anterioridad, tienen distinto tratamiento según sean públicas o privadas:

  • En las pensiones privadas, (entre las que se incluyen generalmente las satisfechas por la Seguridad Social) la mayor parte de los Convenios establecen el derecho de imposición a favor del Estado de residencia de la persona que recibe la pensión.

  • En las pensiones públicas (por ejemplo, las de los funcionarios), el derecho lo tiene el Estado de donde proceden las mismas, salvo en algunos Convenios, en los que, si tiene la nacionalidad del Estado de residencia, la potestad tributaria corresponde a éste.

En el caso de Francia, de acuerdo con el CDI sucrito con el Reino de España establece que “Sin perjuicio de lo dispuesto para las retribuciones públicas, las pensiones y demás remuneraciones análogas pagadas a un residente de un Estado contratante por razón de un empleo anterior, sólo pueden someterse a imposición en ese Estado.”

Por consiguiente, si el contribuyente es residente en territorio español, la pensión que percibe de Francia deberá someterse a imposición en España.

Obligación de declarar la pensión en el IRPF

Hay que tener presente la Ley del IRPF regula con carácter general la obligación de presentar y suscribir declaración por el IRPF, y establece que no tendrán la obligación de declarar los contribuyentes que obtengan rentas exclusivamente de las fuentes que establece la Ley, con el límite cuantitativo y en las circunstancias que se fijan en cada caso.

En el caso de los rendimientos del trabajo (como son las pensiones), hay que tener presente que la Ley del IRPF exime de la obligación de declarar a los contribuyentes cuyos rendimientos no excedan de 22.000 euros anuales. No obstante, dicho límite se sustituye por el de 11.200 euros anuales en determinados supuestos, como son: 

a) Cuando procedan de más de un pagador. No obstante, el límite será de 22.000 euros anuales en los siguientes supuestos:

1.º Si la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores, por orden de cuantía, no supera en su conjunto la cantidad de 1.500 euros anuales.
2.º Cuando se trate de contribuyentes cuyos únicos rendimientos del trabajo consistan en las prestaciones pasivas a que se refiere esta Ley y la determinación del tipo de retención aplicable se hubiera realizado de acuerdo con el procedimiento especial que reglamentariamente se establezca.

b) Cuando se perciban pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos diferentes de las previstas en la Ley.

c) Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener.

Suponiendo que la pensión procedente del extranjero constituye la única fuente de rendimientos del trabajo del contribuyente, en la medida en que el pagador de la pensión no esté obligado a retener a cuenta del IRPF, el límite de la obligación de declarar relativo a los rendimientos del trabajo será de 11.200 euros.

En el caso de que el contribuyente presentara declaración de IRPF en su día porque sólo cobraba una pensión de jubilación en España y pensaba que no estaba obligado, si la suma de la pensión española y la francesa supera los 11.200 euros, sí que existe dicha obligación.

Atención. Si el pagador de la pensión extranjera no está obligado a practicar retención sobre el IRPF, no se aplica el límite general de los 22.000 euros que determina la obligación de declarar. Así, si la suma de ambas pensiones está entre 11.200 y 22.000 euros, también existirá obligación de declarar, aunque la pensión extranjera sea inferior a 1.500 euros.


2. Hasta el 30 de junio de 2015. Regularización de deudas tributarias correspondientes a pensiones procedentes del extranjero y condonación de las sanciones, recargos e intereses

Una vez hayamos revisado los aspectos que hemos comentado en los puntos anteriores, podemos proceder a revisar las declaraciones abiertas a comprobación no prescritas (4 años) y preparar las complementarias que corresponda a efectos de regularizar la situación del contribuyente pensionista con Hacienda.

De acuerdo con la medida establecida en el Proyecto de reforma de la LIRPF, podemos distinguir las siguientes situaciones:

A. Contribuyentes que no hubieran declarado pensiones percibidas del extranjero que deberían haber declarado

Pueden presentar declaraciones complementarias sin recargos, intereses de demora ni sanciones. Deben hacerlo en el plazo de 6 meses desde la entrada en vigor de la reforma de la Ley del IRPF (prevista para el 01-01-2015), es decir hasta el 30-06-2015.

B. Contribuyentes que presentaron fuera de plazo declaraciones regularizando pensiones percibidas del extranjero antes de la entrada en vigor de esta disposición: 01-01-2015

Se le condonarán los recargos, intereses y sanciones derivadas de las mismas

C. Contribuyentes con liquidaciones administrativas que no hayan adquirido firmeza por pensiones percibidas del extranjero antes de la entrada en vigor de esta disposición: 01-01-2015

Se les condonarán los intereses de demora, las sanciones que les hubieran sido impuestas y, en su caso, el recargo de apremio.  Si en la liquidación se regularizaron otras rentas, la condonación será proporcional a las pensiones del extranjero, salvo que el contribuyente se encuentre obligado a declarar por la inclusión de estas, en cuyo caso la condonación será total.

C. Contribuyentes con liquidaciones administrativas firmes por pensiones percibidas del extranjero antes de la entrada en vigor de esta disposición

Se les condonarán los intereses de demora, las sanciones que les hubieran sido impuestas y, en su caso, el recargo de apremio.

Para ello, los obligados tributarios deberán solicitar la condonación en el plazo de 6 meses desde el 01-01-2015.

Al igual que en el caso anterior, la condonación será proporcional a las pensiones del extranjero, salvo que el contribuyente se encuentre obligado a declarar por la inclusión de estas, en cuyo caso la condonación será total.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.


Un cordial saludo,

ACUERDOS DE LAS SOCIEDADES DE CAPITAL FORMA DE HACERLO

Sabia Vd....
Impugnación de acuerdos adoptados por las sociedades de capital
Son impugnables los acuerdos sociales que sean contrarios a la ley, se opongan a los estatutos o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros.
Estimado/a cliente/a:
La impugnación de los acuerdos de las sociedades de capital (tanto SL como SA) es una de las materias que más conflictos ocasiona en el derecho mercantil de sociedades. Su presencia en los tribunales resulta cada vez más notoria y se ha convertido en una clara manifestación de enfrentamientos entre socios, generalmente de las minorías contra las mayorías, por diversidad de motivos, que tienen por objetivo obligar a los administradores y a las Juntas de socios a adoptar acuerdos que sean conformes con la ley y los estatutos, y no lesivos para los intereses de los socios y de la sociedad.

A continuación le vamos a informar de manera resumida de algunas de las cuestiones relacionadas con la impugnación de los acuerdos sociales reguladas en la actual Ley de Sociedades de Capital (LSC), y teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en trámite parlamentario de aprobación el Proyecto de Ley de modificación de esta LSC,  siendo muy probable que existan cambios sustantivos referentes a la impugnación de acuerdos sociales, entre otros, la eliminación de la distinción entre acuerdos nulos y anulables,  plazo de caducidad, restricción de las causas de impugnación y legitimación para impugnar dichos acuerdos.  No obstante, deberemos esperar a la modificación definitiva de la citada Ley para ver si finalmente se mantienen o no las citadas propuestas.

¿Qué acuerdos son impugnables?

De acuerdo con la actual Ley de Sociedades de Capital (LSC), son impugnables:

  • Los acuerdos sociales que sean contrarios a la ley, siendo en este caso nulo el acuerdo.

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo se ha venido pronunciando al respecto para determinar cuándo debemos entender que un acuerdo es contrario a la ley. No cabe duda que este concepto se encuentra referido a todos aquellos acuerdos en los que no se hayan observado los requisitos de forma y fondo que establezca la LSC. En la mayoría de casos,  la impugnación se deberá a defectos de forma: la adopción de acuerdos vulnerando las formalidades legalmente exigidas, Juntas no convocadas de conformidad a la ley, vulneración del derecho de información de los socios, inexactitud de la documentación entregada relativa a las cuentas anuales, etc.

Así, por ejemplo, si la junta de socios aprobó el reparto de dividendos pero la sociedad no tiene beneficios ni reservas, dicho acuerdo no podrá desplegar sus efectos (ya que la existencia de beneficios o reservas es un requisito necesario y obligatorio para que se repartan dividendos).

  • También serán anulables los acuerdos que se opongan a los estatutos (en este caso se incluyen todos aquellos acuerdos que se hayan adoptado incumpliendo los requisitos específicos que establezcan los estatutos de la sociedad, especialmente sobre convocatoria, funcionamiento de la junta, reglas de adopción de acuerdos).

  • Además, serán anulables los acuerdos que lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros. Hay que señalar que en la Ley no se aclara cuándo un determinado acuerdo causa lesión al interés social a efectos de su posible impugnación. En este supuesto, en la generalidad de los casos quedará a la apreciación de los tribunales, en función de la prueba practicada, la definición del beneficio o daño social para cada caso específico.

Hay que tener en cuenta con relación a este supuesto, que de acuerdo con la próxima modificación prevista de la LSC (Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, actualmente en trámite parlamentario de aprobación), se entenderá que un determinado acuerdo causa lesión al interés social cuando impuesto de manera abusiva por la mayoría y sin responder a una real necesidad de la sociedad, se dirija a obtener un beneficio para esa mayoría en detrimento injustificado de los demás socios y ello aunque no cause daño patrimonial a la sociedad.

Atención. No será procedente la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro.

¿Qué plazo hay para impugnar los acuerdos?

  • La acción de impugnación de los acuerdos nulos (contrarios a la Ley) caducará en el plazo de un año. Quedan exceptuados de esta regla los acuerdos que por su causa o contenido resultaren contrarios al orden público.

  • La acción de impugnación de los acuerdos anulables (que se opongan a los estatutos o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros) caducará a los 40 días.

Estos plazos de caducidad se computarán desde la fecha de adopción del acuerdo y, si fuesen inscribibles, desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil» (BORME).

De acuerdo con la modificación prevista en el Proyecto de Ley por el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital, desaparece la distinción entre acuerdos nulos (contrarios a la Ley) y anulables, y está previsto que sólo se distinga entre acuerdos nulos y acuerdos contrarios al orden público a efectos del plazo para su impugnación siendo imprescriptible el plazo de impugnación de los segundos.

¿Quién está legitimado para impugnar los acuerdos sociales?

Para la impugnación de los acuerdos nulos (contrarios a la Ley)  están legitimados todos los socios, los administradores y cualquier tercero que acredite interés legítimo.

Para la impugnación de acuerdos anulables están legitimados los socios asistentes a la junta que hubiesen hecho constar en acta su oposición al acuerdo, los ausentes y los que hubiesen sido ilegítimamente privados del voto, así como los administradores.

La impugnación deberá hacerse mediante demanda dirigida a la Sociedad ante el Juzgado de lo Mercantil donde radique el domicilio social de la entidad y de conformidad a los trámites de juicio ordinario.  

Cuando el actor tuviese la representación exclusiva de la sociedad y la junta no tuviere designado a nadie a tal efecto, el juez nombrará la persona que ha de representarla en el proceso, entre los socios que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado.

Los socios que hubieren votado a favor del acuerdo impugnado podrán intervenir a su costa en el proceso para mantener su validez.


En el caso de que fuera posible eliminar la causa de impugnación, el juez, a solicitud de la sociedad demandada, otorgará un plazo razonable para que aquella pueda ser subsanada.

La sentencia firme que declare la nulidad de un acuerdo inscribible habrá de inscribirse en el Registro Mercantil. El BORME publicará un extracto.

En el caso de que el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el Registro Mercantil, la sentencia determinará además la cancelación de su inscripción, así como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.


Un cordial saludo,

TRATAMIENTO FISCAL "micromecenazgo" "crowdfunding" O PRESTAMOS CROWDFUNDING

Sabia Vd....

Tratamiento fiscal del Crowdfunding

No cabe duda que el Crowdfunding está de moda | Este nuevo método de financiación gana cada día más adeptos para obtener recursos con los que financiar cualquier tipo de proyecto, sea éste empresarial, político o de cualquier otro ámbito, mediante las aportaciones de un grupo más o menos grande de mecenas | El aspecto menos conocido de este fenómeno es, quizá, cómo tributar al fisco por el dinero obtenido.
Pocas son las plataformas de Crowdfunding de manera clara cómo declarar a Hacienda los ingresos recibidos para financiar los proyectos, así como otro tipo de implicaciones fiscales que pueden derivarse.
La situación fiscal es muy diferente en función de si el receptor es una persona física (y de si se trata de un particular o un profesional) o una persona jurídica (que también variará en función de si se trata de una asociación, una empresa o una asociación declarada de interés público). También diferirá la tributación en función de si el micromecenas tiene personalidad física o jurídica.
Además, el tratamiento fiscal aplicable será diferente en función de la consideración que se le dé a la entrega del dinero: donación en unos casos, entrega por el pago de un producto o servicio en otros casos o inversión. En cada caso entrará en juego un tipo de impuesto diferente.
Aunque no existe una normativa específica al respecto, si nos basamoe en la consulta vinculante de la Dirección General de Tributos (V2831-13) de septiembre 2013, el resumen de las diferentes posibilidades y la legislación aplicable es la siguiente:
Normativa FiscalPersona FísicaPersona Jurídica
DonaciónImpuesto sobre Sucesiones y Donaciones (Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones)Impuesto sobre Tranmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre)
Microcrédito / PréstamoLos intereses tributarán como gasto deducible en el IRPF (Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).Los intereses tributarán como gasto deducible en el Impuesto de Sociedades (Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades).
Contraprestación o entrega de bienesImpuesto sobre el Valor Añadido (Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido)Impuesto sobre el Valor Añadido (Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido)
Entrega de acciones / ParticipacionesN/AImpuesto sobre Tranmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre).
Con respecto a los aportantes de fondos, en el caso de que la aportación devengue intereses, éstos se deberán incluir dentro de la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas como rendimiento del capital mobiliario.

ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES EN EL IRPF 2015

Sabia Vd....
¿Cómo afectará la reforma fiscal a los arrendamientos de bienes inmuebles en el IRPF?
La actual deducción estatal en el IRPF del 10,05% del importe destinado al alquiler de una vivienda habitual para aquellos contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales, desaparece a partir de 2015 con la reforma fiscal. Además, la reducción del rendimiento neto de la que disfrutan los propietarios de vivienda alquilada, que ahora es, en general, del 60%, y del 100% cuando el inquilino es joven (entre 18 y 30/35 años) pasará a ser de solo el 60%, eliminándose la reducción incrementada del 100%. Es conveniente que aquellos contribuyentes (propietarios/inquilinos) que estén pensando en alquilar una vivienda tengan en cuenta estas próximas novedades y tomen decisiones antes de que finalice el año 2014.
Estimado/a cliente/a:
Como ya hemos comentado en otras circulares, la reforma fiscal incluye importantes novedades en los impuestos sobre el IRPF y de sociedades, así como novedades menores en otros tributos. Los Proyectos de Ley de reforma fiscal a fecha de hoy están en su tramitación parlamentaria de aprobación de enmiendas por el Senado, esperándose que su aprobación se produzca con tiempo suficiente para que también vean la luz los desarrollos reglamentarios antes de que finalice el año 2014.

En los que respecta a las novedades y modificaciones que el Proyecto de Ley de reforma del IRPF introduce con relación a la activad de alquiler de inmuebles, y de cara a una futura planificación a partir del 2015 (teniendo en cuenta que las medidas contenidas en el Proyecto de Ley del IRPF tienen carácter provisional y que pueden ser objeto de modificaciones de última hora antes de la definitiva publicación de la Ley en el BOE), podemos destacar las siguientes que en cierta medida pueden afectar a su tributación en el IRPF:

1. El arrendamiento de inmuebles como actividad económica

En el caso de actividades económicas consistentes en el arrendamiento de inmuebles se elimina el requisito de disponer de un local destinado a la gestión de la actividad, permaneciendo el requisito de que se utilice al menos una persona contratada con contrato laboral y a jornada completa para la ordenación de la actividad. Sin embargo, sigue sin aclararse si se trata de un requisito necesario y suficiente o solo necesario pero no suficiente.

Conviene recordar que el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), a la vista de recientes y reiteradas sentencias del Tribunal Supremo, entiende, sobre los requisitos actualmente exigidos para que el arrendamien­to inmobiliario sea considerado como actividad económica, que la exigencia del doble requisito de «persona y local» debe interpretarse en el sentido de que, de no cumplirse, se reputará que no hay actividad económica. Pero entiende asimismo que se trata de un requisito necesario pero no suficiente, por lo que, aun cumpliéndose, puede entenderse que no hay actividad económica si, por ejemplo, se acredita que la carga de trabajo no justifica tener empleado y local.

Además de la repercusión que esto tiene en cuanto a la determinación del rendimiento neto, este concepto de actividad económica tienen incidencia en la posibilidad de cumplir los requisitos necesarios para la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio o la reducción en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de negocios y empresas familiares o en la aplicación o no del régimen de empresas de reducida dimensión en el Impuesto sobre Sociedades.

2. Sólo reducción del 60% del rendimiento neto procedente del arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda

Las modificaciones que se proponen en relación a la reducción del rendimiento neto procedente del arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, se resumen en las siguientes:

  • La reducción del rendimiento neto de la que disfrutan los propietarios de vivienda alquilada, que ahora es, en general, del 60%, y del 100% cuando el inquilino es joven (entre 18 y 30/35 años[1]) pasará a ser de solo el 60%, eliminándose la reducción incrementada del 100%. 

  • Además, se establece que la reducción del 60 % se aplicaría exclusivamente sobre el rendimiento neto positivo declarado derivado del arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda. Actualmente esta reducción se aplica tanto sobre los rendimientos posi­tivos como sobre los negativos, en ambos casos cuando hubieran sido declarados.

Reducción del 30% por irregularidad de los arrendamientos de inmuebles

Se planea introducir las siguientes modificaciones en relación con la reducción por irregularidad aplicable sobre los rendimientos del capital inmobiliario con periodo de generación superior a dos años o que se califican reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo:

  • El coeficiente reductor se atenúa desde el 40 % actual al 30 % propuesto, que además solo resultaría de aplicación cuando los rendimientos irregulares, ya se trate de rendimientos generados en más de dos años o de rendimientos calificados reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo, se imputen en un único periodo impositivo.

  • Se establece un límite para la cuantía base sobre la que aplicar el nuevo coeficiente reductor del 30 %, que no podría resultar superior a los 300.000 euros anuales.

  • Se articula un régimen transitorio  para atenuar el impacto cuantitativo de las modificaciones de carácter restrictivo propuestas en relación con la reducción por irregularidad aplicable sobre los rendimientos del capital inmobiliario que se acaban de comentar, tal como sigue:

a) Los rendimientos irregulares del capital inmobiliario que se vinieran percibiendo de forma fraccionada con anterioridad a 01-01-2015 con imputación a más de un periodo impositivo, podrán seguir disfrutando de la reducción por irregularidad a partir de 2015 siempre que el cociente resultante de dividir el número de años de generación entre el número de periodos impositivos de fraccionamiento sea superior a dos.

b) Cuando se trate de rendimientos irregulares derivados de compromisos adquiridos con anterioridad a 01-01-2015, a percibir a partir de dicha fecha de forma fraccionada con imputación a más de un periodo impositivo, si se acuerda la sustitución de la forma de percepción inicialmente prevista por su cobro en un único periodo impositivo, no se verá alterada la fecha de inicio del periodo de generación del rendimiento a considerar como consecuencia del nuevo negocio jurídico suscrito.

En cuanto a la reducción del 40%  aplicable a los rendimientos de actividades económicas con un periodo de generación superior a dos años (así como aquéllos que se califiquen reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo) se reduce a un 30% y con un nuevo límite de base de reducción de 300.000 euros anuales, además de exigirse que se perciban en un solo período impositivo.

Por otro lado, se establece una reducción del rendimiento neto de las actividades económicas de 2.000 euros, que se incrementa si concurren determinadas circunstancias y si se cumplen ciertos requisitos. En caso de no cumplir los requisitos previstos en la normativa, los contribuyentes con rentas no exentas inferiores a 12.000 euros, incluidas las de la propia actividad económica, podrán reducir el rendimiento neto de las actividades económicas en determinadas cuantías en función de las rentas.




Se elimina la deducción estatal por alquiler de vivienda habitual

Debemos recordar que actualmente (desde el 1 de enero de 2008) aquellos contribuyentes que viven arrendados o subarrendados, y sin perjuicio de lo aprobado al respecto por cada Comunidad Autónoma, puedan deducirse el 10,05% de las cantidades satisfechas en el período impositivo, siempre que su base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales. Se trata de una deducción exclusivamente estatal, que afecta sólo a la cuota íntegra estatal y no a la autonómica (además de esta deducción general, algunas Comunidades Autónomas han aprobado deducciones propias similares y compatibles con esta deducción general).

La base máxima de esta deducción será:

  • 9.040 euros anuales cuando la base imponible sea igual o inferior a 17.707,20 euros anuales.
  • 9.040 - [1,4125 x (base imponible - 17.707,20)], cuando la base imponible se sitúe entre 17.707,20 y 24.107,20 euros anuales.
  • Si la base imponible es igual o superior a 24.107,20 euros anuales, en tributación individual o en tributación conjunta, no podrá deducirse cantidad alguna. 

Para poder aplicar la deducción por alquiler de la vivienda habitual debe ser contribuyente del IRPF en cada uno de los períodos impositivos por los que se practique la deducción, no exigiendo la normativa, entre las condiciones de la deducción, que la vivienda se encuentre ubicada en territorio español.

Pues bien, con efectos desde el 01-01-2015 la reforma fiscal propone la eliminación de la deducción por alquiler de vivienda habitual, si bien se mantiene transitoriamente para los contribuyentes que hayan celebrado un contrato de arrendamiento con anterioridad a 01-01-2015 por el que hubieran satisfecho, con anterioridad a dicha fecha, cantidades por el alquiler de su vivienda habitual y siempre que el contribuyente hubiera tenido derecho a la deducción en relación con las cantidades satisfechas por el alquiler de dicha vivienda en un período impositivo devengado con anterioridad a 01-01-2015. Su aplicación se mantendría como una deducción que minora por su total importe la cuota íntegra estatal.

Inmuebles arrendados sólo una parte del año: imputación de rentas inmobiliarias

Con relación a la imputación de rentas inmobiliarias (viviendas vacías o no arrendadas a disposición de sus titulares), la reforma fiscal propone que el porcentaje reducido del 1,1 % para determinar la renta inmobi­liaria imputada resultaría de aplicación cuando se trate de inmuebles localizados en municipios en los que los valores catastrales hayan sido revisados con efectos del propio periodo impositivo o de los diez años anteriores. Actualmente se habla de valores catastrales revisados con entrada en vigor a partir de 1 de enero de 1994.

Por otro lado, para los supuestos en los que a la fecha de devengo del impuesto los inmuebles carecieran de valor catastral o este no hubiera sido notificado al titular, se establece que el citado porcentaje reducido del 1,1 % se aplicará sobre el 50 % del mayor de los siguientes valores: el comprobado por la Administración a efec­tos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de adquisición. Actual­mente la base computable para la citada cuantificación se articula por remisión al valor prevalente a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio, sin que ello implique cambios en la cuantía de la renta inmobiliaria imputada resultante.

Atención. Hasta ahora se venía imputando la renta al 2% en general y al 1,1% si el valor catastral del inmueble había sido revisado y entrado en vigor el nuevo con posterioridad al 01-01-94. Desde 2015, este porcentaje del 1,1% se aplicará si ha entrado en vigor el revisado en el propio ejercicio de declaración o en los 10 anteriores.

Nuevas escalas de gravamen

Las escalas de gravamen sufren importantes modificaciones, reduciéndose los tipos marginales de todos los tramos. La reducción se produce en los ejercicios 2015 y 2016.

En la escala general del Impuesto se reducen los tramos, pasando de los siete actuales a cinco, mientras que en la escala del ahorro se amplía el último tramo.

La parte de la base liquidable general (donde se incluyen los rendimientos netos del capital inmobiliario y actividades económicas) que exceda del importe del mínimo personal y familiar se gravará conforme a una escala de gravamen estatal cuyos marginales oscilarán entre el 9,50%, para una base liquidable de hasta 12.450 euros, y un 22,50% para rendimientos a partir de 60.000 euros. En 2015, no obstante, la escala oscilará entre el 10% y el 23,50%.

Atención. El marginal mínimo se fija en el 10 % para 2015 y en el 9,50 % para 2016. El marginal máximo se fija en el 23,50 % para 2015 y en el 22,50 % para 2016.

La parte de la base liquidable del ahorro que exceda del importe del mínimo personal y familiar se gravará conforme a la siguiente escala (estatal y autonómica):

      • Hasta 6.000                         20% (2015)     19% (2016)
      • De 6.000,01 a 50.000                      22% (2015)     21% (2016)
      • 50.000,01 en adelante         24% (2015)     23% (2016)

Se establece el 20% en 2015 y el 19% en 2016 los porcentajes de retención aplicable sobre las rentas que actualmente soportan el 21%, como en el caso de los arrendamientos de inmuebles.


Sociedades civiles que tiene por objeto social el arrendamiento de inmuebles

Se propone con la reforma fiscal modificar la Ley del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades, con efectos desde el 01-01-2016, para que las sociedades civiles con objeto mercantil pasen a ser contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, y, por lo tanto, los socios ya no tendrán que integrar en su impuesto personal (IRPF) las rentas que hayan obtenido estas entidades. Naturalmente, sí tributarán en el IRPF, en su caso, por los beneficios que les hayan repartido.

Para ello, se establece un régimen fiscal especial para la disolución y liquidación de sociedades civiles en las que concurran circunstancias como que con anterioridad a 1 de enero de 2016 les hubiera resultado de aplicación el régimen de atribución de rentas o que a partir de 1 de enero de 2016 cumplan los requisitos para adquirir la condición de contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.

El régimen fiscal supone básicamente la exención o diferimiento de impuestos; en el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de no Residentes de los socios se establece un régimen similar al que se reguló en su día para la disolución de las sociedades patrimoniales.

Los socios de sociedades civiles a las que se haya aplicado el régimen de atribución de rentas y adquieran la condición de contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades, podrán seguir aplicando la deducción en actividades económicas que estuviesen pendiente de aplicación a 1 de enero de 2016, siempre que se cumplan las condiciones y requisitos establecidos en la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Pueden ponerse en contacto con este despacho profesional para cualquier duda o aclaración que puedan tener al respecto.

Un cordial saludo,



[1] Los requisitos que actualmente se exigen para aplicar la reducción del 100% son: a) Que el arrendatario tenga una edad comprendida entre los 18 y los 30 años (para los arrendadores que hubieran formalizado un contrato con personas mayores de 30 años pero menores de 35 con anterioridad a 1 de enero de 2011 para que no se vean perjudicados, se establece un régimen transitorio específico de tal forma que estos contratos mantenían el derecho a la aplicación de la reducción del 100% hasta el momento en el que el inquilino cumpliese la edad de 35 años). B) Que el arrendatario obtenga en el periodo impositivo unos rendimientos netos del trabajo o de actividades económicas superiores al IPREM (para 2014 se establece en 7.455,14€).

Ayudas para la adaptación de las instalaciones de antena colectiva de la TDT

Sabia Vd....

Bases: RD 920/2014 (BOE 01-11-2014)

 

Convocatoria: RSL 07-11-2014(BOE 11-11-2014).


Objeto: las subvenciones tienen como finalidad compensar los gastos sobrevenidos por las actuaciones necesarias para la recepción o acceso a los servicios de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por el proceso de liberación de la banda de 790-862 MHz (banda del dividendo digital), sin discriminaciones y en condiciones de igualdad de oportunidades.


Beneficiarios: las comunidades de propietarios de un edificio o conjunto de edificios sujeto al régimen de propiedad horizontal (art. 396 Código Civil), así como en los correlativos de la Ley 49/1960 sobre Propiedad Horizontal.


Únicamente podrá solicitarse una subvención por cada comunidad de propietarios, si bien la solicitud podrá abarcar la financiación de las actuaciones subvencionables en cada una de las cabeceras de recepción de televisión digital instaladas.

La financiación de las actuaciones subvencionables tendrá un límite máximo de tres cabeceras por cada comunidad de propietarios.

La comunidad de propietarios deberá contar necesariamente con CIF con las letras H y E.

Plazo solicitudes: se podrán presentar a partir del día 12-11-14 hasta el día 30-06-2015.

Los solicitantes podrán presentar su solicitud únicamente por vía telemática, accesible en https://ayudas.televisiondigital.gob.es, donde deberán cumplimentar el formulario electrónico habilitado a tal efecto y aportar la documentación en formato electrónico que resulte exigible.

La resolución y abono de las subvenciones se llevarán a cabo a partir del 1 de enero de 2015.

La solicitud de subvención, dirigida al Director General de la Entidad pública empresarial Red.es, se cumplimentará por parte de un representante legal de la comunidad de propietarios o de un representante voluntario que cuente con la autorización de la misma. En particular, podrá actuar como representante voluntario de la comunidad de propietarios las personas encargadas de prestar los servicios de administración de la finca así como la empresa instaladora de telecomunicación que hubiera realizado la actuación subvencionable

Principales documentos a aportar junto con la solicitud:

ü  Copia electrónica o escaneada de la factura. La factura solo podrá comprender actuaciones subvencionables, no siendo admisible que incluyan otros conceptos
ü  Copia electrónica o escaneada del boletín de instalación correspondiente a la adaptación realizada
ü  Copia escaneada de un recibo domiciliado de la comunidad de Propietarios en el que figure el Código IBAN introducido en el formulario de solicitud para el pago de la ayuda, o bien, de un certificado de Titularidad de la Cuenta en favor de la Comunidad de Propietarios, emitido por la Entidad Financiera.


Actuaciones subvencionables:

 

Las actuaciones necesarias para la recepción o el acceso al servicio de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones regidas en comunidad de propietarios y sujetas al régimen de propiedad horizontal, que cuenten con sistemas de recepción afectados por el proceso de liberación del dividendo digital, y que se realicen entre el 1 de junio de 2014 y el 30 de junio de 2015.

Las actividades subvencionables deberán realizarse en las edificaciones ubicadas en alguna de las áreas geográficas relacionadas en el anexo 1 del Plan Técnico Nacional de la televisión digital terrestre aprobado por el RD 805/2014.



Conceptos susceptibles de subvención: las subvenciones se destinarán a cubrir inversiones y gastos directamente relacionados con las actuaciones necesarias para la recepción o el acceso al servicio de comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por el proceso de liberación del dividendo digital.

 

Las subvenciones no estarán condicionadas a la aplicación de una solución tecnológica concreta pudiendo el posible beneficiario optar por seleccionar cualquier tecnología existente que permita la recepción o acceso al servicio de comunicación audiovisual televisiva.

 

Dentro de los gastos subvencionables, conforme el artículo 31.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se admitirán los impuestos indirectos aplicables cuando no sean susceptibles de recuperación o compensación por el beneficiario.


Los sistemas de recepción que tienen amplificadores de banda ancha no se ven afectados por el proceso de liberación del dividendo digital. Solo precisan de una resintonización del receptor de televisión, de manera que las actuaciones llevadas a cabo en éstas no son actuaciones subvencionables.


Empresas instaladoras: Las actuaciones subvencionables deben llevarse a cabo por empresas instaladoras registradas, en los tipos «A» o «F».

 

Puede consultarse la relación de empresas instaladoras inscritas en los Registros de Empresas Instaladoras de Telecomunicación accediendo a la URL:

 

http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Infraestructuras/RegistroInstaladores/Paginas/ConsultaInstaladores.aspx


Cuantía individualizada subvención:


Los costes unitarios que se establecen como cuantía máxima de la subvención en función de la infraestructura de recepción de televisión afectada por el proceso de liberación del dividendo digital, previamente instalada, son, incluyendo impuestos indirectos, los siguientes:

Infraestructura de recepción de televisión                                                                                    cuantía máxima subvención
__________________________________________________________________________________

que no requiere de la instalación de equipamiento adicional,
 independientemente del número de múltiples digitales (centralita programable)                  100 €

Comunidades de propietarios con amplificadores monocanales:

que requiere la instalación de equipamiento adicional para 1 múltiple digital                      150 €
que requiere la instalación de equipamiento adicional para 2 múltiples digitales                250 €
que requiere de la instalación de equipamiento adicional para 3 múltiples digitales            350 €
que requiere de la instalación de equipamiento adicional para 4 múltiples digitales            450 €
que requiere de la instalación de equipamiento adicional para 5 múltiples digitales            550 €

La determinación del número de múltiples digitales que requieren de la instalación de equipamiento adicional está establecida por áreas geográficas en el anexo del RD 920/2014.

En el caso excepcional de las instalaciones que consten de más de una cabecera de recepción de televisión digital instalada en los términos establecidos, las cuantías máximas se entenderán referidas a cada una de dichas cabeceras, con un máximo de tres por comunidad de propietarios.

La cuantía no podrá ser superior, en ningún caso, al coste de la actuación subvencionable.

La tributación de los alquileres turísticos

¿Sabia Vd?.... La tributación de los alquileres turísticos ACTIVIDAD DE ALQUILER DE APARTAMENTOS TURÍSTICOS Se considera arrendamient...